ensayo

El 6 junio de 2011 se decretó reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; y el 10 de junio de 2011 se estableció reforma al artículo 1 de la Carta Magna,
En base a lo anterior, para los efectos de una petición de amparo, se debe analizar el efecto del contenido de los señalados artículos constitucionales, puesto que ahora establece la obligación de todas las autoridades,específicamente los Tribunales de la Federación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales, de conformidad a los principios ahí señalados, agregando la obligación del Estado de prevenir y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Si es verdad que es criterio se laSuprema Corte de Justicia de la Nación que en todos los juicios de los Tribunales de la Federación, que ven cuestiones de legalidad, como el juicio de amparo directo, así como en los recursos que emanen de ellos, no está previsto en el Sistema Constitucional como una de las formas de control de la Constitución, sino exclusivamente como un medio técnico de optimizar la función realizada por eljuzgador en el juicio o recurso respectivo, por lo que mediante esos juicio de legalidad, amparos directos o recursos no tiene el objetivo primordial de impugnar la constitucionalidad de los preceptos invocados.
También lo es que con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, específicamente al artículo 1 y atento a los PRINCIPIOS DEPROGRESIVIDAD y PRO PERSONA en él previstos, TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, dentro del ámbito de sus competencias están obligadas a efectuar el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, o bien de CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO a efecto de velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano y a adoptar la interpretación másfavorable al derecho humano de que se trate.
En ese orden, el Estado Mexicano por conducto de todos sus tribunales locales o federales, tiene la facultad y la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley; ya que la propia Constitución prevé el cumplimiento sustituto a que se refiere el artículo 107, fracción XVI penúltimo párrafo, la sentenciaque declare que se ha violado derechos humanos, la conclusión debe ser que la consumación de los efectos del acto reclamado no debe ser ya una causa de improcedencia del juicio de amparo.
La restitución del quejoso en el pleno goce del derecho violado debe entenderse conforme a la Ley General de Víctimas, cuyos artículos 13 y 70 prevén que:
Artículo 13. Adicionalmente a lo señalado en las leyesaplicables, la reparación integral comprende:
a) El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos;
b) La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago desu valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;
c) La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen caráctereconómico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los que el delito constituye una violación grave a los...