Ensayo

La semana pasada fue publicada finalmente la Sentencia (C-574 de 2011), con la que la Corte rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por un grupo de estudiantes y profesores d
e laUniversidad de los Andes. Ellos argumentaban que la modificación de la Constitución durante el gobierno de Uribe para “prohibir” la dosis personal (Acto Legislativo 02 de 2009) daba pie para que laspersonas sorprendidas con sustancias ilegales fueran a parar a la cárcel. La Corte negó tajantemente que esto sea lo que dice la norma y aportó, finalmente, una guía para interpretar cuáles son las realesconsecuencias de una reforma sobre drogas que el Congreso le concedió al capricho del pasado presidente.
Estamos próximos a cumplir dos años con una situación de leyes muy confusa. En la calle,frente a un policía, los matices entre prohibición y penalización son difíciles de explicar camino a la UPJ. El Gobierno actual contribuyó a la incertidumbre de los consumidores con su nueva Ley deSeguridad Ciudadana, que se encargó de desaparecer la “dosis mínima” del Código Penal. Y planeaba, en el borrador que se conoció de la reforma al Estatuto Antinarcóticos, repetir la eliminación de la únicafigura que hay para separar a los consumidores de los narcotraficantes.
Pero en la nueva sentencia la Corte deja en claro dos puntos importantes: primero, aunque el porte y consumo de drogas esté“prohibido”, las únicas medidas terapéuticas que se pueden tomar contra quienes incumplan esta norma serán de carácter “administrativo”. Es decir, nadie puede ser enviado a la cárcel por usar sustanciasprohibidas. Segundo, cualquiera de estas medidas debe contar con el “consentimiento informado” de la persona. Es decir, que incluso si se trata de un adicto, no podrá ser obligado a dejar de usardrogas.
Cualquiera diría entonces que la famosa prohibición de la dosis no hace nada y que los jóvenes díscolos colombianos pueden meterse lo que les dé la gana sin mayores consecuencias. Tienen razón....