Ensayos

Jurídicamente, el consentimiento del interesado sería ineficaz, desde el momento en que la eutanasia –como homicidio- y la ayuda al suicidio, son delitos de orden público,perseguibles por la ley penal, y no dejan de serlo por la aquiescencia de la víctima. Sin embargo las leyes penales pueden modificarse en el sentido de desincriminar determinadasconductas como las que aquí comentamos.

La pregunta que debe responderse aquí es cuál debería ser la conducta que corresponde a la Sociedad y al Estado cuando un ciudadanole reclama que intervenga en la producción de su muerte.

En efecto, para poder concretarse el suicidio asistido o la eutanasia se requiere de un tercero que lo provea. Setrata de una colisión de derechos, del sujeto a su propia autonomía personal, y el derecho de la sociedad de examinar y acceder o no a la solicitud de quien peticiona su muerte.¿Acaso sería un verdadero socorro que la sociedad acceda sin más a la petición de una persona desesperada, sin considerar tan siquiera por qué motivo y en qué situaciónconcreta su vida se tornó intolerable? ¿Es cumplir con elementales deberes hacia un ciudadano el no hacer nada frente a situaciones que tal vez puedan revertirse con una adecuadaintervención o auxilio no pedido por aquél?

Se ha dicho que la decisión de morir pertenece al ámbito de lo íntimo de cada persona humana. El grado de libertad con que toma esadecisión, su competencia, quedará como un misterio de su vida y de su muerte. Pero desde el momento en que el Estado es llamado a intervenir, entonces no puede meramente serel verdugo, el ejecutor de una decisión que puede ser consecuencia de una decisión inválida, por proceder de un sujeto incompetente al que se le reconoce el derecho subjetivo