Equidad de genero

Un mes atrás, diez días antes de que se estrenara Presunto culpable (lo que sucedió el 18 de febrero), autoridades federales y la CNDH ya conocían la exigencia de la familia del difunto Juan Carlos Reyes Pacheco de que se frenara la exhibición cinematográfica del cuerpo del asesinado y se impidiera un daño, mediante “edición y distorsión”, a la imagen del único testigo del homicidio que da pie aldocumental, el primo Víctor Daniel Reyes Bravo.
Érika Reyes Pacheco, hermana del joven asesinado en 2005, asegura que el 8 de febrero del presente año, con asesoría del abogado Mario Ignacio Mata Martínez, se solicitó “la revocación de la autorización para transmitir en cine o cualquier otro medio de comunicación la película antes mencionada a la Dirección General de Radio, Televisión yCinematografía, a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de Justicia y a la CNDH”, pero “no recibimos respuesta, hasta que acudimos a las oficinas de RTC y nos atendió el licenciado Alfredo Rosas; de manera informal en una plática nos dio una negativa a nuestra petición, sin ningún oficio de por medio”. Después, explica, “se procedió a interponer un amparo de solicitud de suspensión delacto por parte de mis padres y de mi primo, argumentando la violación de garantías individuales y de preceptos constitucionales”.
En párrafos de cartas enviadas a distintos destinatarios en busca de apoyo, que Érika compartió con esta columna, se asegura que la familia Reyes Pacheco jamás aprobó las grabaciones hechas en un juzgado penal, “siendo que muchas veces fuimos presas del acoso de laproductora Layda Negrete Sansores para que diéramos consentimiento de la filmación” y se afirma que en el documental “nunca presentan todos los agravios y vejaciones cometidas por el abogado defensor de José Antonio (el Presunto culpable) y de las que mi primo fue víctima”. Se recuerda que Juan Carlos Reyes Pacheco y Víctor Daniel, “cuando se dirigían a la casa de éste fueron atacados por un grupo devándalos” que mataron al primero y dejaron como único testigo al segundo. Pero, con “un filme editado a conveniencia de José Antonio Zuñiga”, se “manipula y distorsiona lo sucedido en el caso, se omiten declaraciones; al presunto culpable nunca se le acusó de haber disparado un arma, sino de participar en el acto vandálico como cómplice (...) No se dice que cuando lo detuvieron llevaba una maletacon ropa suya, suponemos que para fugarse”.
Al dolor de un asesinato impune se suma, explica Reyes Pacheco, “una campaña mediática en contra de mi familia argumentando que el fallo de la jueza a nuestro favor es un acto de ‘censura a la libertad de expresión’, que alguien está detrás de mi primo, que lo asesora y manipula, debido a que es una persona pobre que no tendría para pagar un amparo niintelecto para reclamar sus derechos, porque apenas cuenta con el quinto año de primaria. De dicha campaña, que manipula y está a favor de los pudientes, el resultado es que ha causado un daño a la persona de mi primo, ya que ha sido víctima de reclamos y amenazas de la gente, hasta el punto de poder perder su empleo, su integridad y paz familiar, y los mismos medios de comunicación le difamandeclarando que ahora tiene un interés económico y que está detrás de las regalías que genere el filme”.
PRAXEDIS G. GUERRERO. Un soldado camina frente a una puerta de vidrio baleada en la comandancia del municipio cercano a Ciudad Juárez, de donde la joven Marisol Valles fue dada de baja como directora de seguridad pública por no haberse reincorporado a trabajar luego de que venció un permiso paraausentarse del cargoFoto Reuters
Finalmente, explica la universitaria: “somos una familia de luchadores sociales que apoyamos las causas que son presas de la injusticia, por lo que estamos en contra de la censura a la libertad de expresión (...) Hoy nos encontramos indignados y llenos de dolor, porque mi madre no tuvo un hijo para que se lo asesinaran y luego lo exhibieran públicamente, y su...