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Páginas: 10 (2308 palabras)
Publicado: 21 de agosto de 2013
ALAI, América Latina en Movimiento
2013-06-30
Colombia
La ley estatutaria de la Jurisdicción Penal Militar: en contravía de la justicia y los Derechos Humanos
Carlos Rodríguez Mejía
La Ley Estatutaria sobre la administración de justicia por la fuerza pública colombiana, adoptada el pasado 18 de junio por el Congreso y pendiente de revisión por la Corte Constitucional antesde que sea sancionada por el poder ejecutivo[1], reglamenta la reforma constitucional que se adoptó en el 2012 (Acto Legislativo No. 2) y que he comentado en ediciones anteriores de este semanario. Valga la pena advertir al lector que contra el Acto Legislativo cursan al menos dos demandas admitidas ante la Corte Constitucional, una de ellas por vicios formales en el procedimiento de adopción yotra también por vicio formal, pero referido a que el Congreso al aprobar la reforma excedió sus competencias, porque sustituyó la Constitución sin estar autorizado para ello[2].
En consecuencia, la ley estatutaria persiste y ahonda los vicios que se señalaron respecto de la reforma constitucional. Cabe señalar, sin embargo, que de ser declarada inconstitucional la modificación de laConstitución, esta ley estatutaria[3] perdería sustento y no podría entrar en vigencia.
Nos referiremos a los aspectos que de manera más protuberante entran en contradicción con los derechos humanos.
El blanco legítimo
El texto aprobado por el Congreso establece:
Art. 10: (…) se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una funcióndirectamente relacionada con las actividades hostiles del mismo.
También lo son los civiles que participan directamente en las hostilidades, de conformidad con el artículo siguiente.
La calidad de blanco legítimo cesa cuando quien participa en las hostilidades ha sido capturado, ha expresado claramente su intención de rendirse o sus heridas o enfermedad lo han convertido en alguien incapaz dedefenderse, siempre y cuando se abstenga de continuar con actos violentos o amenazas (…).
Y al precisar que significa participar directamente en las hostilidades señala:
Art. 11: (…) se entiende la realización de cualquier acto que cause directamente un daño a la población o bienes civiles o a la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, y tenga un vínculo directo con lashostilidades, en apoyo de un grupo armado.
También participa directamente en las hostilidades quien realice actos que, inequívocamente, tengan la probabilidad de causar un daño a la población o bienes civiles, la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, en apoyo de un grupo armado.
La participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para estas la pérdida de la proteccióncontra los ataques de la Fuerza Pública, mientras dure tal participación.
Para cualquier lector desprevenido es claro que la amplitud de la norma es inmensa, pues cabe cualquier conducta de apoyo, así sea meramente verbal, o de coincidencia con los planteamiento pórticos del grupo armado, o de suministró forzado de víveres u otros elementos que utilice el grupo, o cualquier acción que puedainterpretarse como de apoyo.
Y no estamos hablando de hipótesis lejanas o de difícil ocurrencia. Valgan para ilustra dos ejemplos de la vida real. En un territorio indígena, alejado de los centros urbanos, el paso de las columnas guerrilleras ha sido permanente. Muchas veces, adquieren víveres y otros objetos. La comunidad tiene dos opciones: o les vende los elementos o el grupo armado puedeoptar por tomarlos por la fuerza. En la zona solo hay fuerza pública para controlar el paso de los indígenas desde la población urbana hacia su territorio. ¿Se puede, entonces decir, que hay apoyo?
Otro hecho reciente, pero muy significativo, son las protestas campesinas en la zona del Catatumbo, al nororiente de Colombia la cual ha sido estigmatizada por las autoridades, comenzando por el...
ALAI, América Latina en Movimiento
2013-06-30
Colombia
La ley estatutaria de la Jurisdicción Penal Militar: en contravía de la justicia y los Derechos Humanos
Carlos Rodríguez Mejía
La Ley Estatutaria sobre la administración de justicia por la fuerza pública colombiana, adoptada el pasado 18 de junio por el Congreso y pendiente de revisión por la Corte Constitucional antesde que sea sancionada por el poder ejecutivo[1], reglamenta la reforma constitucional que se adoptó en el 2012 (Acto Legislativo No. 2) y que he comentado en ediciones anteriores de este semanario. Valga la pena advertir al lector que contra el Acto Legislativo cursan al menos dos demandas admitidas ante la Corte Constitucional, una de ellas por vicios formales en el procedimiento de adopción yotra también por vicio formal, pero referido a que el Congreso al aprobar la reforma excedió sus competencias, porque sustituyó la Constitución sin estar autorizado para ello[2].
En consecuencia, la ley estatutaria persiste y ahonda los vicios que se señalaron respecto de la reforma constitucional. Cabe señalar, sin embargo, que de ser declarada inconstitucional la modificación de laConstitución, esta ley estatutaria[3] perdería sustento y no podría entrar en vigencia.
Nos referiremos a los aspectos que de manera más protuberante entran en contradicción con los derechos humanos.
El blanco legítimo
El texto aprobado por el Congreso establece:
Art. 10: (…) se entiende por blanco legítimo la o las personas que forman parte de los grupos armados que cumplan una funcióndirectamente relacionada con las actividades hostiles del mismo.
También lo son los civiles que participan directamente en las hostilidades, de conformidad con el artículo siguiente.
La calidad de blanco legítimo cesa cuando quien participa en las hostilidades ha sido capturado, ha expresado claramente su intención de rendirse o sus heridas o enfermedad lo han convertido en alguien incapaz dedefenderse, siempre y cuando se abstenga de continuar con actos violentos o amenazas (…).
Y al precisar que significa participar directamente en las hostilidades señala:
Art. 11: (…) se entiende la realización de cualquier acto que cause directamente un daño a la población o bienes civiles o a la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, y tenga un vínculo directo con lashostilidades, en apoyo de un grupo armado.
También participa directamente en las hostilidades quien realice actos que, inequívocamente, tengan la probabilidad de causar un daño a la población o bienes civiles, la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado, en apoyo de un grupo armado.
La participación directa en las hostilidades por personas civiles conlleva para estas la pérdida de la proteccióncontra los ataques de la Fuerza Pública, mientras dure tal participación.
Para cualquier lector desprevenido es claro que la amplitud de la norma es inmensa, pues cabe cualquier conducta de apoyo, así sea meramente verbal, o de coincidencia con los planteamiento pórticos del grupo armado, o de suministró forzado de víveres u otros elementos que utilice el grupo, o cualquier acción que puedainterpretarse como de apoyo.
Y no estamos hablando de hipótesis lejanas o de difícil ocurrencia. Valgan para ilustra dos ejemplos de la vida real. En un territorio indígena, alejado de los centros urbanos, el paso de las columnas guerrilleras ha sido permanente. Muchas veces, adquieren víveres y otros objetos. La comunidad tiene dos opciones: o les vende los elementos o el grupo armado puedeoptar por tomarlos por la fuerza. En la zona solo hay fuerza pública para controlar el paso de los indígenas desde la población urbana hacia su territorio. ¿Se puede, entonces decir, que hay apoyo?
Otro hecho reciente, pero muy significativo, son las protestas campesinas en la zona del Catatumbo, al nororiente de Colombia la cual ha sido estigmatizada por las autoridades, comenzando por el...
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