Es primero

obstante este importantísimo avance en el nuevo Texto Fundamental
venezolano, la nueva Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
desconoció, en un caso concreto, la naturaleza jurídica de la CIDH y sus
implicaciones como órgano internacional de protección de derechos humanos
bajo la Convención Americana, con ocasión de decidir una acción de amparo
constitucional. Ello ocurrió enun caso en el cual la CIDH había decretado
medidas cautelares en un caso abierto contra Venezuela, por denuncia de
violación de los derechos humanos de libertad de expresión y debido proceso.
Frente a la denuncia de acoso judicial de las dos víctimas (una periodista y el
director de la revista “Exceso”) y el no funcionamiento oportuno de la acción de
amparo intentada por ellos en lajurisdicción interna, la CIDH acordó medidas
cautelares de protección inmediata mientras se tramitaba el caso ante esa
instancia internacional, a fin evitar daños irreparables. En la oportunidad de
decidir el fondo de la acción de amparo, si bien la Sala Constitucional declaró
con lugar el amparo constitucional a las garantías del debido proceso (no así a la
libertad de expresión), hizo el siguientepronunciamiento –por demás
innecesario- con relación a las medidas cautelares acordadas por la CIDH,
calificándolas de una “inaceptable” injerencia en la competencia e
independencia de los jueces venezolanos:118
“Igualmente considera inaceptable la instancia de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos en el sentido de solicitar la adopción demedidas que implican una
crasa intromisión en las funciones de los órganos jurisdiccionales del país, como
118 Sentencia de fecha 17-5-2000, SC/TSJ, caso “Faitha Nahmens y Ben Amí Fishman” (Revista
Exceso).
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la suspensión del procedimiento judicial en contra de los accionantes, medidas
que sólo pueden tomar los jueces en ejercicio de su competencia e independencia
jurisdiccional, segúnlo disponen la Carta Fundamental y las leyes de la
República Bolivariana de Venezuela, aparte lo previsto en el artículo 46, aparte
b) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
(Costa Rica), que dispone que la petición sobre denuncias o quejas de violación
de dicha Convención por un Estado parte, requerirá que “se haya interpuesto y
agotado los recursos de jurisdiccióninterna, conforme a los principios del
derecho internacional generalmente reconocidos” lo cual fue permitido en el
caso de autos, por no haber ocurrido retardo judicial imputable a esta Sala según
lo indicado en la parte narrativa de este fallo”.
Este pronunciamiento resulta inaceptable por arbitrario al ser contrario no
sólo a las obligaciones internacionales del Estado venezolano bajo laConvención
Americana, sino además al texto expreso de la propia Constitución de
Venezuela.
En todo caso, la obligación internacional de los Estados partes de la
Convención ahora reforzada mediante su “constitucionalización” en el orden
interno, implica la consagración de un derecho a que el Estado adopte las
medidas necesarias para dar cumplimiento de las decisiones de los órganosinternacionales de protección de los derechos humanos. De esta forma, como
derecho humano internacional y derecho constitucional, el mismo es exigible al
Estado en caso de ser necesario, incluso por la vía jurisdiccional del propio
amparo constitucional. Con estos importantes avances en el Derecho
Constitucional y en el Derecho Judicial en Latinoamérica, las jurisdicciones
constitucionales han iniciadoel importante paso de convertirse en parte de un
sistema integrado para la protección de los derechos humanos, aplicando no sólo
los instrumentos internacionales, sino además la propia jurisprudencia de los
órganos internacionales, lo cual ha sido incluso reconocido expresamente a nivel
del texto constitucional.
IX. CONCLUSIÓN
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, se...