escuela

Es grave que no se conozca con precisión la estratificación económica de los planteles particulares medida por el monto de sus colegiaturas, aunque desde hace varios años la SEP recaba estos datospara estimar los costos de la enseñanza privada. Hasta hace una década la situación legal de la enseñanza privada era de indefensión jurídica: el Estado podía revocar discrecionalmente lasautorizaciones y desconocer el valor oficial de sus estudios sin que contra sus resoluciones procediera recurso legal alguno. Las reformas del artículo tercero de 1992 y 1993 superaron en lo sustancial estasituación, y es probable que ello haya contribuido a activar su expansión. Contra la percepción de algunos grupos sociales de que la educación nacional es asunto exclusivo del Estado y de que laparticipación de los particulares es una forma de "privatización" del servicio educativo nacional, hay que recordar que la legislación vigente da a la enseñanza privada completa legitimidad, aunque podríacuestionarse la pertinencia jurídica de reconocer un carácter de "interés social" a la inversión de los particulares en materia educativa (artículo 28, LGE). Esto no obstante, son numerosas las cuestionesjurídicas pendientes. Del debate nacional recogemos: el derecho de la educación privada a recibir subsidios públicos, la demanda de algunos grupos de que las colegiaturas sean deducibles para efectosfiscales, el derecho de las universidades privadas a concursar por proyectos de investigación sostenidos con fondos gubernamentales o a recibir los estímulos económicos del SNI para susinvestigadores, la escasa carga impositiva de planteles que obtienen buenas utilidades económicas, o la falta de regulación del monto de colegiaturas. Al no haber legislación suficiente ni criterios jurídicosconsensuados se hace necesario buscar ampliarlos y renovarlos. La gran mayoría de las escuelas en América Latina son públicas. Si bien las escuelas privadas normalmente presentan mejores resultados que...