Estudante
Las organizaciones abajo firmantes, preocupadas por el respeto a la Constitución de la República, por el fortalecimiento del proceso de democratización en el país y por el funcionamiento de las instituciones del Estado salvadoreño hacemos pública nuestra preocupación ante una serie de declaraciones en relación a grupos armados en El Salvador: 1. ANTECEDENTES. En El Salvador, las organizaciones sociales y de derechos humanos hemos insistido en denunciar la existencia de grupos ilegales armados, al estilo de los Escuadrones de la Muerte. Más de 20 asesinatos de activistas políticos y de derechos humanos en los últimos tres años con un modus operandi semejante a las ejecuciones sumarias que sucedían antes y durante el conflicto armado, sustentan esas sospechas. También es indudable la existencia de grupos ilegales armados con fines de narco actividad, lavado de dinero y crimen organizado en general, que en los últimos años ha evidenciado la participación de agentes policiales en esas estructuras. La impunidad de su actuar es generalizada, ante un escenario de incapacidad de las autoridades fiscales y policiales para investigarlos. En los últimos días se han vertido declaraciones sobre la existencia de grupos armados ilegales en el país a través de reportajes periodísticos generados desde oficinas gubernamentales ante los cuales están reaccionando también a nivel mediático, otros funcionarios públicos. Las consecuencias inmediatas de esta situación en el pueblo salvadoreño son: • • • • • La generación de temor en los sectores más vulnerables de la población. La incertidumbre por las posibles consecuencias que esta situación puede traer a la población y al Estado salvadoreño. El montaje de una campaña mediática encaminada a responsabilizar a un partido político de la existencia de grupos armados. La evidente inconsistencia del actuar de los funcionarios del Estado. La inseguridad jurídica. Lo más grave es la militarización de algunas comunidades rurales, con la presencia de soldados del ejército nacional fuertemente armados a la usanza de la época del conflicto armado. El temor de que esta confusión sea aprovechada para la militarización de las potenciales zonas de explotación minera y aquellas se van a ver afectadas por las presas hidroeléctricas.
•
•
DENUNCIAMOS: 1. Que los funcionarios responsables, han omitido su deber de actuar conforme les manda la ley y se han limitado a una errática campaña en los medios de comunicación, en la cual han tenido graves contradicciones.
2. Que el Consejo de Seguridad Nacional optó por compartir con los medios de comunicación información precisa sobre la ubicación de los supuestos grupos armados, y no así la cautela o la reserva de las investigaciones como una forma de no interferir la investigación. Además de no proceder a través de los canales legales a detener a los sospechosos detectados en flagrancia.3. Que la ocurrencia de acontecimientos sensacionales es una situación que se
vuelve repetitiva cuando se está a las puertas de un proceso electoral, que la prensa destaca y remarca, que después de varios días no se presentan resultados concretos y mucho menos contundentes, ante la inacción y omisión de la institucionalidad del Estado.
4.Las declaraciones del Presidente de la República, asegurando la conexión entre
los “grupos armados detectados en El Paisnal con los hechos ocurridos el 02 de Julio de 2007 en Suchitoto, señalando haber visto desde su helicoptero “columnas de más de cien personas”. Dicha afirmación desdice de su responsabilidad como Comandante General de la Fuerza Armada, pues debió ...
Regístrate para leer el documento completo.