estudiante

53-2005/55-2005
Inconstitucionalidad

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, a las doce horas
con treinta minutos del día uno de febrero de dos mil trece.
Los presentes procesos constitucionales acumulados han sido promovidos: el
primero –Inc. 53-2005–, por las ciudadanas Tania Carolina Ávalos Aguirre, Claudia
Nathaly Flores Mejía, Yeni Yosselin GuandiqueBonilla, María Auxiliadora Rivas Serrano
y Esmeralda Edith Torres López; y, el segundo –Inc. 55-2005–, por los ciudadanos David
Alexander Argueta Gómez, Luis Fernando Castro Morales, Iliana Yamileth Díaz Iglesias,
Álvaro Alexander Martínez Portillo y Oxil Roselín Venus Ruballo Torres; con el fin de que
se declare la inconstitucionalidad por omisión total en que ha incurrido la AsambleaLegislativa por no haber emitido la regulación que desarrolle el contenido de los arts. 38
ord. 12° y 252 de la Constitución (en adelante Cn.).
Han intervenido en los procesos, los demandantes y la Asamblea Legislativa, no así
el Fiscal General de la República.
Analizado el proceso y considerando:
I. En el trámite de este proceso los intervinientes expusieron lo siguiente:
1. Los motivos deinconstitucionalidad alegados por las demandantes en el proceso
de Inc. 53-2005 pueden sintetizarse de la siguiente manera:
A. De acuerdo con los arts. 38 ord. 12° y 252 Cn., existe un mandato constitucional
que impone a la Asamblea Legislativa la obligación de emitir una ley que regule la
prestación económica por renuncia del trabajador; razón por la cual, al no hacerlo, dicho
órgano fundamentaldel Estado incurre en una mora legislativa que afecta en forma directa
a los trabajadores, sobre todo si se toma en cuenta que al momento de presentar la
demanda, habían pasado más de dos décadas sin que tal derecho tenga protección
legislativa.
a. Con respecto al art. 38 ord. 12° Cn., resaltaron que el Informe Único de la
Comisión de Estudio de la Constitución de 1983 (“IUCEC”, en losucesivo) partió del
supuesto de que la disposición constitucional en cuestión traería un ambiente de paz social
y de armonía entre el capital y el trabajo. De igual forma, aludieron a la “indemnización
universal” y reiteraron que el objetivo del Constituyente fue armonizar las relaciones
laborales y crear un ambiente de paz social, no la reindemnización del derecho civil.
Para robustecer talalegato, las demandantes relacionaron la sentencia de 22-X1999, Inc. 3-93, que se refiere a la naturaleza social del derecho al trabajo. Asimismo, se
refirieron a los arts. 2 y 3 de la Carta Internacional de Garantías Sociales, 14.2 y 16 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 y 24 de la Declaración

1

de los Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y
Culturales.
Finalmente, citaron de forma comparativa la legislación y jurisprudencia chilena y
mexicana vinculadas con el derecho al trabajo, así como la recomendación R119 que la
Organización Internacional del Trabajo emitió sobre el tema. Agregaron que, a diferencia
del derecho internacional y el derecho comparado, en la Constitución salvadoreña existe
una disposiciónque establece una prestación económica a cargo de los patronos y a favor
de los trabajadores permanentes que renuncien. Por ello, consideraron que existe un
mandato constitucional que exige a la Asamblea Legislativa la emisión de una ley que
proteja de manera directa lo consagrado en el art. 38 ord. 12° Cn.
b. Con respecto a los mandatos constitucionales, citaron la sentencia de 26-II-2002,Inc. 19-98, y con base en dicho precedente afirmaron que el Órgano Legislativo se
encuentra obligado a seguir los lineamientos que esta Sala emita, como máximo intérprete
de la Constitución. Ello, a fin de que se cumplan eficazmente los mandatos
constitucionales, situación que, en opinión de demandantes, se encuentra respaldado por la
jurisprudencia establecida en la sentencia de 13-XI-2001,...