Estudiante

Re\ E\p Salud Publm

N.” 5

1907: 71: 179-436

Septiembre-Octubre

1997

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
SANITARIAS
ANTE LOS RETOS
DE LA SALUD PÚBLICA DEL SIGLO XX1 *

Juan José Francisco Polledo.
Director General de Salud Pública. Ministerio
de Sanidad y Consumo.
x Conferencia
dictada en el VI Congreso Derecho y Salud. Valladolid:

Al margen de la plaga de milenarismo
que, porsegunda vez en la historia, está
haciendopresaen la sociedadoccidental, es
evidente que en un futuro tan próximo como
para mezclarsecon nuestro presente,habrá
que proceder a una reevaluaci6n del papel
de las autoridadessanitarias.
El plural incluido en el título deestetrabajo
(«autoridades
sanitarias»)
permitirá no tener
quedetenerse diferenciarentrelos diversos
en
contenidosque eltérmino, no unívoco, presentacuando apareceen singular: autoridad
sanitaria.Porqueen el segundo
supuesto,
habría que aclararsi la referenciaesa los órganos administrativo-políticosque son responsables lascompetencias saludpúblicao
de
de
si. por el contrario, serefería a esaambigua
potestad
pública que,imbuidadeautor-itas,
es
capaz de condicionarel libre albedtio de los
ciudadanosrazonessanitarias.
por
No obstante, y más por eliminar confusionescon tendencia a evolucionar hacia la
leyenda que por otra cosa, puede resultar
conveniente dedicar unos instantes a esta
segundaacepción.
Con frecuencia se habla de la autoridad
sanitariacomo si al hacerlo serefiriera uno a
un conceptoconcreto de contenidostasados
y prefijados. Es más. en ocasiones hace
se
incluso como si setratara de un concepto
jurídico predeterminado,de cuyo contenido
no hubiesela másmínima duda. Y todavía

Octubre

de 1997.

con másfrecuencia, seencuentranreferencias
a la autoridadsanitariacomo si, para lo colectivo, existieseuna autoridadque serelacionara con el ciudadano igual que un médico lo
hacecon supaciente.Y nadade ello escierto.
La autoridad sanitaria,así entendidaen el
cuerpojurídico de un Estado de Derecho,
como es España,está, por una parte , absolutamente positivada y, además, con frecuencia, sometidaa reserva de ley.
No existe ninguna autoridad que, por razones sanitarias,puedaestablecerobligaciones o prohibiciones que no hayan sido previamente descritas en los reglamentos y,
además,cuandopueda interferirse el ámbito
de las libertades individuales, se precisaránnormascon rango de ley.
No deja de ser nada más que la obvia
consecuenciadel artículo 29.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de 1.948, que señalaque «En el ejercicio de
susderechos en el disfrute de suslibertades
y
toda personaestará solamente sujeta a las
limitaciones establecidaspor la ley con el
único fin de asegurarel reconocimiento y el
respeto de los derechos ylibertades de los
demás,y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedaddemocrática».
Algo que en España tuvo muy claro el
legislador cuando, en el año 1986, aprobó,

Juan Jo& Francisco Polledo

nada menos que con el rango de orgánica,
la Ley de Medidas Especiales en Materia de
Salud Publica, que limita la potestad de laautoridad competente para adoptar medidas
que perturben las libertades individuales a
aquellas situaciones en que «se aprecien indicios racionales que permitan suponer la
existencia de peligro para la salud de la
población debido a la situación sanitaria
concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que
se desarrolle una actividad».
Y aún la potestad construidapor esta ley,
habrá que presuponerla inédita en cuanto a
su aplicación, no solo porque seguramente
nunca se hayan producido los presupuestos
que en ella se recogen, sino porque no se
desarrolló la ley para dotarla de un reglamento que estableciera el procedimiento,
judicial sin duda, para concretar en cada
situación si concurren 0 no los múltiples
conceptos jurídicos
indeterminados que...