Estudiante

Hace más de un año, el 10 de junio de 2011, Colombia aprobó la ley 1448, más conocida como: “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, dando un gran paso hacia el reconocimiento de las víctimasdel conflicto armado y abriendo las puertas de la esperanza para un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las millones de víctimas en el país. Proceso, que ya habíainiciado años atrás la Corte Constitucional con la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los derechos de la población desplazada, y ordenó al GobiernoNacional superar dicho estado de violación masiva de derechos humanos.
Pero, pese a lo positivo desde el punto de vista legal y jurisprudencial de la ley de víctimas y de la sentencia T-025 de 2004 esimportante resaltar que tanto la ley como la sentencia T-025 trajeron nuevos retos para el Estado colombiano, la sociedad y las propias víctimas y sus organizaciones, así como para los defensores ydefensoras de derechos humanos en Colombia. Retos que, pese a los grandes avances, aún están lejos de llegar a cumplir las enormes expectativas generadas y de aliviar el dolor e impotencia de un paísinundado de víctimas de la violencia.
Por lo anterior, es altamente preocupante que a más de un año de expedida la ley su aplicación no arranque en serio, con el agravante que este traumático proceso deacomodo institucional, también está afectando el proceso anterior de cumplimiento a la sentencia T-025, con lo cual, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. A la espera de la ley de víctimas lasmetas, indicadores y propuestas construidas por el Gobierno, ante la presión de la Corte Constitucional, en materia de goce efectivo de derechos, quedaron desplazadas, menoscabando un trascendentalproceso judicial de más de ocho años, que estaba logrando importantes espacios en materia de política pública para las víctimas en áreas como la vivienda, la educación, la salud, la atención humanitaria,...