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SÍNTESIS:
El 28 de julio de 2003 esta Comisión Nacional inició el expediente 2003/288-1-I, con
motivo del escrito de impugnación presentado por el señor Ricardo Osorio Briones y otros,
en el cual manifestaron su inconformidad por la aceptación parcial, por parte de la
Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, del primer punto de la
Recomendación 06/2003, emitida por laComisión Estatal de Derechos Humanos de
Tlaxcala, ya que no se investigarían las posibles faltas o delitos que cometieron los
agentes del Ministerio Público que libraron las órdenes de presentación y comparecencia
en su contra.
Del análisis de la documentación que integró el recurso de impugnación, para esta
Comisión Nacional quedó evidenciado que las órdenes de comparecencia y presentación
quefueron giradas el 2 y 21 de mayo de 2001 dentro de las averiguaciones previas
81/2001 y 136/2001-2, respectivamente, en contra de los agraviados por los licenciados
Alberto Coronel González y Marco Antonio Mastranzo Corona, agentes del Ministerio
Público adscritos a la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Tlaxcala, son irregulares ycontrarias a Derecho, ya que no fueron
debidamente fundadas ni motivadas, en términos de lo previsto en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el presente caso, el licenciado Eduardo Medel Quiroz, entonces Procurador General de
Justicia del estado de Tlaxcala, pretendió justificar la actuación de los agentes del
Ministerio Público relacionados con los hechos,bajo el argumento de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, si bien
es cierto, se faculta a la institución del Ministerio Público para la investigación y
persecución de los delitos, esto debe hacerse de acuerdo con sus facultades, sin que esa
disposición la legitime para transgredir el derecho fundamental contenido en el artículo16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados.
Por ello, se desprendió una probable responsabilidad administrativa y penal de los
licenciados Alberto Coronel González y Marco Antonio Mastranzo Corona, agentes del
Ministerio Público que expidieron las órdenes mencionadas, ya que violentaron los
derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica de losagraviados, y no actuaron conforme
a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Responsabilidades, Sanciones y Estímulos de
los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala; además, su conducta pudiera encuadrar
en la hipótesis típica contemplada en el artículo 180, fracción IV, del Código Penal para
esa entidad federativa. Asimismo, su actuación resultó contraria a lo dispuesto por
diversosinstrumentos internacionales suscritos por nuestro país, como son los artículos
9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7o. de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, y 1o. y 2o. del Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
En consecuencia, este Organismo Nacional estimó que las conductas de los servidores
públicosseñalados deben hacerse del conocimiento del Órgano de Control Interno y de la
Representación Social para que sean investigadas y, en su caso, se apliquen las
sanciones que correspondan conforme a Derecho, y de esta manera las autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala colaboren en la noble tarea de
protección no jurisdiccional a los Derechos Humanos, y, por lo tanto,reconsideren sobre la
aceptación parcial del primer punto de la Recomendación que le dirigió la Comisión local.
Esta Comisión Nacional coincide con los razonamientos y fundamentos legales que
sirvieron de base a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala para emitir la
Recomendación 06/2003, ya que los servidores públicos de la Procuraduría General de
Justicia en esa entidad...