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El delito de « atentado al orden constitucional y la vida democrática » y la reforma de la
constitución nacional

David Baigún

1. Introducción
La reciente modificación de la Constitución nacional ha introducido, en el art. 36, algunos de los
denominados delitos « contra los poderes públicos y el orden constitucional » previstos por el Código
Penal en el título X; se trata de un procesoinverso al habitual, pues es generalmente la cláusula
constitucional la que sirve de plataforma para la ley penal.
Es sabido que la ley penal argentina se construyó originariamente, en este ámbito, sobre la base del
sistema federal previendo, de una parte, el alzamiento contra el gobierno nacional –rebelión- y, de la
otra, el alzamiento contra las autoridades provinciales -sedición-. En 1984,la ley 23.077 (sancionada
el 9 de agosto) sustituyó el nombre de “rebelión”, adscrito como epígrafe del capitulo I, por el de
“atentados al orden constitucional y a la vida democrática” e incorpora algunos agregados a este
capítulo I: el parágrafo segundo del art. 226, que es una circunstancia agravante del alzamiento,
cuando éste se hiciera con el “fin de cambiar de modo permanente el sistemademocrático de
gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de los poderes, abrogar los derechos
fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la
independencia económica de la Nación”; el parágrafo tercero del mismo artículo, una agravante
mayor cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieron estado militar, el art. 227bis, que
se refiere al consentimiento de la consumación (p. 44)de los hechos descritos en el art. 226, por parte
de los miembros de alguno de los poderes del Estado nacional o de las provincias, ya sea
“continuando en sus funciones, o asumiéndolas luego de modificada por la fuerza la Constitución o
depuesto alguno de los poderes públicos”, ya sea “haciendo cumplir las medidas dispuestas porquienes usurpen tales poderes, con especificación, además, de los casos en que la colaboración a
través de la continuación o asunción, en determinados cargos, importa la comisión del delito”; y, por
último, el art. 227 ter, que establece una agravante genérica para cualquier delito cuando “la acción
contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución nacional”.
Cabe anotar, por lo quese verá más adelante respecto del art. 36 de la Constitución, que la ley
23.077 dispone que el “curso de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts.
226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional (art. 67, 3er párrafo,
del Código Penal).
Sin duda que la sanción de la ley 23.077 introdujo un nuevo esquema en el Código Penal; el capítuloI, que antes abarcaba bajo rúbrica “rebelión” el alzamiento militar y la concesión de poderes tiránicos 1,
registra ahora otra dimensión: el alzamiento –con los perfiles que le impone la agravante- se
categoriza como atentado al orden constitucional y entran en escena dos modalidades de la
conducta del atentado; el consentimiento de la quiebra del orden institucional y la asunción de
funcionesdespués del hecho de fuerza, aunque ambas podrían agruparse bajo el denominador
común de colaboración.
Excede los objetivos de este trabajo el análisis de algunas incongruencias intrasistemáticas de la
reforma del Código Penal; por ello no nos detenemos en el hecho de que el concepto “vida
democrática”, incluido en el epígrafe “orden constitucional y vidas democrática”, que reemplaza a

1Dejamos a un lado el art. 228, «conocido como violación del patronato», porque su presencia algo forzada en
este capítulo del título X del Código Penal, obedece a razones históricas distintas.

“rebelión”, también abarca a la sedición y el motín contemplados en el capítulo II2, o en la
circunstancia de que el art. 226 fue redactado como un delito con resultado de peligro, que (p. 45) se...