Exclusion Prueba

Exclusión de prueba en el proceso penal ¿hacia adonde debiéramos ir?



"... Me inclino favorablemente por la mayor estrictez que estarían teniendo los jueces de garantía (al menos algunos) a la hora de admitir prueba a juicio oral. Me parece se trata de una evolución razonable y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro sistema procesal penal..."



Mauricio Duce

En las últimassemanas, especialmente a partir de las decisiones adoptadas en el “Caso Niemeyer” (pero también antes en casos como el “Caso Bombas” o el “Caso cabo Moyano”), se ha abierto un intenso debate acerca del uso que estarían haciendo los jueces de garantía de sus facultades para excluir prueba en la audiencia de preparación de juicio oral (en adelante APJO) previstas en el artículo 276 del CódigoProcesal Penal (en adelante el CPP). Así, algunos han sostenido que los jueces estarían interpretando más allá de lo que resulta conveniente las cláusulas que permiten excluir prueba del artículo mencionado, en tanto que otros se han manifestado más bien en favor de un ejercicio intenso de las facultades de control de la prueba que el CPP le ha otorgado al juez de garantía. Junto con lo anterior, se hadebatido acerca de la necesidad de ampliar la posibilidad de apelación del Ministerio Público a las decisiones del juez de garantía de excluir prueba no sólo a casos en que dicha exclusión se haya fundado en la causal de inobservancia de garantías fundamentales como lo establece el actual artículo 277 inciso segundo del CPP sino también a las otras previstas en el CPP.



En el contextodescrito mi interés es aportar con algunos elementos para el debate y presentar y justificar mi punto de vista en las cuestiones que se discuten en la actualidad no para estos casos concretos (en donde desconozco las resoluciones específicas), sino como tendencia general. Yo me inclino favorablemente por la mayor estrictez que estarían teniendo los jueces de garantía (al menos algunos) a la hora deadmitir prueba a juicio oral. Me parece se trata de una evolución razonable y necesaria para el buen funcionamiento de nuestro sistema procesal penal y para salvaguardar varios valores centrales del mismo. Para justificar esta afirmación me parece necesario ir sobre unas cuestiones previas.



Una primera cuestión que hay que asentar es que nuestra legislación tiene un régimen relativamentemodesto de exclusión de prueba en comparación con la prevista en países que cuentan con sistemas de corte adversarial como los Estados Unidos o Canadá. Por ejemplo, en dichos sistemas una regla fundamental en materia probatoria es la conocida como “Hearsay rule” de acuerdo a la cuál existe una prohibición del uso de prueba de referencia que permite, entre otras, no admitir lo que en nuestro paísconocemos como testigos de oídas y que habitualmente comparecen a nuestros juicios orales. A ella se suman otras reglas como la de “Best Evidence” y “Ultimate Issue” que tampoco tienen reconocimiento explícito en nuestra legislación y que producen como efecto la exclusión de muchas pruebas que habitualmente se admiten en nuestra práctica forense sin mucho cuestionamiento. Ni hablar de los alcances muchomás amplios que la legislación y jurisprudencia de estos países le han dado al concepto de relevancia o pertinencia. No puedo ir al detalle de estas reglas ni es mi objetivo defenderlas, sino lo que me interesa marcar es que estamos lejos de tener un régimen legal que ponga obstáculos muy significativos para la admisión de prueba. De hecho, si se analiza el artículo 276 del CPP se podrá observarque se trata de causales más o menos obvias y de poca discusión en la doctrina.



Una segunda cuestión tiene que ver con la práctica que se ha desarrollado en estos más de once años de vigencia del nuevo sistema. Hasta el momento yo caracterizaría la práctica como restrictiva o muy reacia a la exclusión de prueba. En efecto, hasta el momento la práctica dominante ha sido que los jueces de...