Experimento fallido

Un experimento fallido
El más reciente choque de trenes entre el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional, originado en la decisión del primero de darle vía libre a una acción detutela que en la práctica eximía de pena a uno de los detenidos por el escándalo de la 'Yidispolítica', ha vuelto a poner sobre el tapete la utilidad de un órgano cuya efectividad deja mucho quedesear. Creado por la Constitución de 1991 y con la función básica de administrar la Rama Judicial y ejercer la función disciplinaria de la misma, el Consejo muestra un balance muy pobre. Tanto, que laspocas esperanzas que había sobre su buen funcionamiento han sido remplazadas por la certeza de que este debería desaparecer, si el Congreso es capaz de tomar cartas en el asunto y aprueba el actolegislativo correspondiente.
Las razones son varias. Por un lado, la falta de probidad de ciertas actuaciones ha creado un manto de duda sobre la capacidad gerencial de una entidad que maneja cerca de 1,5billones de pesos al año y tiene a su cargo 22.748 servidores judiciales, incluyendo 4.306 jueces y magistrados. Denuncias como la hecha por el zar anticorrupción en este diario, según la cual elConsejo obligó al Gobierno a firmar un cuestionado contrato por 53.500 millones de pesos para la seguridad tecnológica en las cárceles, son francamente preocupantes.
También lo es la presencia de la másramplona politiquería, resultado del método de selección de los magistrados de las diferentes salas, cuyas postulaciones por parte del Ejecutivo han entrado a formar parte de la vara de premios de laadministración pública. Como si lo anterior no fuera suficiente, el organismo pretende ahora convertirse en una nueva instancia judicial, a la que acuden cuestionados personajes con el fin dedesmontar fallos de las altas cortes.
Ese preocupante diagnóstico es todavía más grave a la luz de los desafíos que enfrenta Colombia. Sin desconocer la puesta en marcha con relativo éxito del sistema...