exposicion criminologia parte sara Comisi n Colombiana de Juristas

1 Comisión Colombiana de Juristas.

Los ciudadanos Humberto Sánchez Verano, Fátima Esperanza Calderón y Juan Camilo Rivera Rugeles, integrantes de la Comisión Colombiana de Juristas, intervienen en el proceso de la referencia, a afectos de coadyuvar la demanda ciudadana.
Luego de examinar el contenido del deber estatal de investigar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos, así comosu relación con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, sostienen que la regulación acusada del principio de oportunidad sobrepasa los límites internacionales que vinculan al legislador interno en la materia.
Al respecto, afirman que se puede recurrir al principio de oportunidad para casos en que (i) la falta de persecución penal no afecte de maneradesproporcionada los derechos a la verdad, la justicia y la reparación; y (ii) se encuentren previstos en la ley. Lo anterior significa que el mencionado principio no puede ser una excusa para que el Estado renuncie a sus deberes de investigación y sanción en casos de violaciones de derechos humanos.
En cuanto al caso concreto, consideran que existen, al menos, dos razones por las cuales la norma acusadaes contraria a la Constitución. Por una parte, no establece de manera clara cuáles son las condiciones que debe cumplir un desmovilizado que pretenda beneficiarse del principio de oportunidad; por la otra, tampoco garantiza que el Estado investigue, juzgue y sancione las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los desmovilizados.
Agregan que la regulación de las audienciascolectivas evidencia que no es necesario que el fiscal del caso identifique cada una de las conductas cometidas por los desmovilizados ni tampoco su grado de responsabilidad. De igual manera, no se prevé que la aplicación del principio de oportunidad se condicione a que los desmovilizados cumplan con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Por el contrario, “tan sólo consagra una débilgarantía al respecto, al obligar al desmovilizado a firmar una declaración bajo la gravedad del juramento en la que afirme no haber cometido un delito diferente a los establecidos en esta causal. La Fiscalía no está obligada a corroborar la veracidad de la declaración, lo cual le resta seriedad a la investigación penal”.
De igual manera, comparte la postura de los demandantes en relación con elparágrafo 3 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, por cuanto “es claro que el deber reforzado de investigar, juzgar, sancionar y reparar las conductas que constituyen infracciones a los derechos humanos no se limita a aquellas que puedan ser consideradas delitos de lesa humanidad, sino que se extiende a todas aquellas infracciones que puedan ser consideradas graves violaciones de derechos humanos y delderecho internacional humanitario. Dicho en otras palabras, la limitación a la aplicación del principio de oportunidad debió haber sido consagrada no solamente para una clase de violaciones graves a los derechos humanos (i.e. todas las conductas que constituyan delitos de lesa humanidad) sino que debió incluir al género completo de las graves violaciones a los derechos humanos, el cual abarca unmayor número de conductas”
Así las cosas, en su concepto, “los dos grupos de conductas, estas son los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, debieron haber sido cobijadas por la norma legal que impide que frente a ellas se ejerza la excepción al deber de denuncia, con lo cual consideramos que se demuestra que la omisión dellegislador carece de un principio de razón suficiente”.

2 Andreas Forer, Claudia López Díaz, Jorge Errandonea, Diego Andrés González Medina y Juan Pablo Cardona Chávez.
Los ciudadanos Andreas Faorer, Claudia López Díaz, Jorge Errandonea, Diego Andrés González Medina y Juan Pablo Cardona Chávez, intervienen extemporáneamente en el proceso de la referencia, para solicitarle a la Corte declarar...