Extincion Contrato Y Administracion Local

EXTINCIÓN DEL CONTRATO LABORAL Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Análisis jurisprudencial.(

1.Razones para justificar las peculiaridades en el régimen jurídico de los trabajadores de las Administraciones Públicas.

Como es sabido, las Administraciones Públicas deben someter ordinariamente sus relaciones de empleo a un estatuto específico, previsto en el art. 103.3 CE, que excluye la aplicación delDerecho del Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.3 a) ET.

No obstante, es cada día es más habitual ver como las Administraciones Públicas celebran contratos de trabajo ocupando la posición de empresario en dichas relaciones contractuales. Sin embargo, esta condición de empleador laboral no desnaturaliza el papel constitucional de las Administraciones Públicas, que les obliga aservir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Nos encontramos, por tanto, ante un empresario especial, dada su peculiar naturaleza pública, cuya finalidad es servir a los intereses generales con sujeción a la ley al Derecho, siéndoleexigible, por ello, atender -también en las relaciones laborales, que mantenga con sus trabajadores- tanto a la normativa laboral, como a la de carácter administrativo, que regula su actuación.

Esta dualidad produce una relación conflictiva entre el Derecho administrativo, que regula y controla la actividad de la Administración y el Derecho laboral, cuya finalidad esencial es la protección deltrabajador, que es indudablemente su figura central, provocando una auténtica tensión dialéctica entre el interés profesional de los trabajadores, protegido por el Derecho laboral y "el elemento de indisponibilidad, que introduce la condición pública del sujeto empresarial".

Esta tensión ha suscitado complejos problemas interpretativos y la propia doctrina jurisprudencial ha reflejado esacomplejidad a través de dos direcciones fundamentales:
a) La que valora la especial posición de la Administración Pública como sujeto sometido a una legalidad específica en la contratación de personal.
b) La que considera que en su condición de empresario laboral las entidades públicas deben quedar plenamente sometidas al Derecho del trabajo sin excepciones que podrían constituir un privilegio y untrato más desfavorable para los trabajadores que prestan sus servicios a entidades de carácter público.

Centrándonos en la segunda corriente, claramente hegemónica, se ha venido defendiendo con apoyo en la sentencia del Tribunal Constitucional 205/1987, de 21 de diciembre que "en cuanto parte de relaciones laborales privadas, la Administración está sujeta a las mismas reglas jurídicas que lasdemás empleadoras", invocando al efecto su sometimiento pleno a la ley y al Derecho que le impone el art. 103.1 CE.
Esta línea jurisprudencial entiende que cuando ocupan la posición de empresarios, a las Administraciones Públicas se les aplican, simultáneamente, normas pertenecientes a dos ordenamientos jurídicos; el laboral y el administrativo, que responden a valores, principios, intereses yfinalidades diferentes e, incluso, en ocasiones, contrapuestos. No obstante, en cuanto que es una parte, en unas relaciones privadas -laborales-, la Administración está sujeta a las mismas reglas que los demás empresarios sin que tenga ningún trato especial o privilegiado en la aplicación de la legislación laboral (SSTS 7-10-96, RJ 7492; 30-12-96, RJ 9864; 10-12-96, RJ 9139; 24-4-97, RJ 3498;14-1-98, RJ 1), sin perjuicio de las normas de selección de su personal, de acuerdo con la oferta pública mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad (art. 55 Ley 7/2007 y ATC 858/1988) no olvidando que su posición...