Fallo 1803 derecho

Santiago, doce de mayo de dos mil once.VISTOS:Con fecha 20 de agosto de 2010, el abogado Franz Möller Morris, en representación de Pedro Santibáñez Palma, ha deducido requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 29 de la Ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, en la causa sobrerecurso de protección interpuesto en contra del señor Contralor General de la República, que se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el Rol N° 2602-2010.Como antecedentes de la gestión pendiente en que incide el requerimiento y conforme a los antecedentes que obran en autos, se puede consignar que, por resolución N° 354, de 3 de noviembre de 2009, el Comando de Educación yDoctrina del Ejército de Chile designó en la institución al señor Pedro Santibáñez Palma como profesor civil de Educación Física, a contrata, entre los meses de octubre y diciembre de 2009. Dicha resolución fue remitida a la Contraloría General de la República para su toma de razón, organismo que la devolvió mediante oficio N° 3.229, de 19 de enero de 2010, dando cuenta de que el Contralor habíadebido abstenerse de tomar razón, en atención a que, del certificado de antecedentes extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación para efectos del ingreso a la Administración Pública, aparecía que el señor Santibáñez fue condenado por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, el año 2006, como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, circunstancia que lo inhabilitaba paradesempeñarse en la Administración del Estado, según lo dispuesto en la letra c) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la letra f) del artículo 12 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en el inciso tercero del artículo 29 de la Ley N° 18.216, impugnado de inaplicabilidad. Este oficio fue confirmado por elContralor mediante el Dictamen N° 26.021, de 14 de mayo de 2010, por el cual se rechazó la solicitud de reconsideración del actor.El abogado requirente sostiene que su patrocinado, efectivamente, fue condenado a 41 días de presidio por el delito señalado, pero que obtuvo el beneficio de la remisión condicional de la pena por el lapso de un año, dándose debido cumplimiento a dicha medida y teniéndosepor cumplida la condena impuesta, conforme a lo informado por Gendarmería de Chile al aludido Juzgado de Garantía por resolución de 9 de octubre de 2007, por lo que, en la especie, se deberían aplicar los incisos primero y segundo del citado artículo 29 y no el inciso tercero del mismo precepto legal, en que el Contralor funda su abstención de la toma de razón. Ante ello, el requirente recurrió deprotección por estimar arbitrario e ilegal el actuar del Contralor, recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 5 de agosto de 2010, y respecto del cual se interpuso apelación, encontrándose actualmente suspendida su tramitación conforme a lo ordenado por este Tribunal Constitucional mediante resolución de 31 de agosto de 2010.El artículo 29 de la Ley N° 18.216establece, en sus incisos primero y segundo, que:“El otorgamiento por sentencia ejecutoriada de alguno de los beneficios previstos en esta ley a reos que no hayan sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que dio origen la sentencia condenatoria.El cumplimiento satisfactorio de las medidasalternativas que prevé esta ley por reos que no hayan sido condenados anteriormente por crimen o simple delito, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales.”.Por su parte, el inciso tercero del mismo precepto, impugnado en autos, prescribe:“Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los...