Fallo Angel Estrada

LAS FACULTADES JURISDICCIONALES DE LOS ENTES REGULADORES (A
PROPÓSITO DEL CASO “ANGEL ESTRADA”)

por Juan Carlos Cassagne
SUMARIO:
I. TRASCENDENCIA DEL FALLO Y CUESTIONES INVOLUCRADAS. II.
LA INTERDICCIÓN DEL EJERCICIO DE FUNCIONES JUDICIALES POR
PARTE DEL EJECUTIVO. SU FUENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE
CÁDIZ DE 1812. III. EL RECONOCIMIENTO DE FACULTADES
JURISDICCIONALES A ÓRGANOS DE LAADMINISTRACIÓN: SUS
LÍMITES CONSTITUCIONALES. IV. CONCLUSIONES.

I.

TRASCENDENCIA DEL FALLO Y CUESTIONES INVOLUCRADAS
La reciente sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

caso “Angel Estrada” 1 no puede menos que ser calificada de notable y lo es por varias
razones que seguidamente pasamos a exponer en forma sucinta.
Como los hechos y las cuestiones planteadasen la causa han sido debidamente
difundidas en distintos diarios y revistas jurídicas especializadas, vamos a circunscribir este
comentario al núcleo del debate suscitado en el juicio.
Ese debate giró sobre el alcance de las facultades del ENRE (Ente Nacional
Regulador de la Energía Eléctrica), atribuidas por el art. 72 de la ley 24.065, para resolver
controversias. En tal sentido, dichoartículo prescribe:
“Art.

72:

generadores,

Toda

controversia

transportistas,

que

se

suscite

distribuidores,

entre

grandes

usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de
transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida
en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
1

“Angel Estrada y Cía. SA c/ Resolución 71/96 Secretaríade Energía y Puertos”, de fecha 05/04/2005.

06/11/2008 2:52 p.m.

1

Es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de
terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por
iguales motivos que los enunciados en este artículo, el
someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente”.
En lo esencial, el eje de la cuestión discutida en el pleito pasaba pordeterminar si la
atribución de facultades jurisdiccionales al ENRE para resolver “toda controversia” que se
plantee entre las empresas distribuidoras y los usuarios comprenderá o no los reclamos de
daños y perjuicios que éstos últimos dedujeran contra las concesionarias, lo cual incluye
desde el procedimiento probatorio, la determinación del tipo y alcance de responsabilidad,
así como eljuzgamiento acerca de los eximentes de ella (caso fortuito y fuerza mayor en el
supuesto de haberse invocado) hasta el cálculo final de la indemnización (en caso de
hacerse lugar al reclamo).
La cuestión debatida contenía un punto central consistente en determinar si la
pretensión deducida por la actora implicaba un asunto destinado a ser resuelto con arreglo a
las prescripciones del Código Civil o si,en cambio, se trataba de un asunto sustancialmente
regido, en forma excluyente, por el régimen estatutario del marco regulatorio y las
cláusulas del contrato de concesión, es decir, por el derecho administrativo.
Lo destacable de este caso radica en la circunstancia de que la Corte aprovecha la
oportunidad para sentar una serie de principios y criterios que configuran una verdadera
políticajudicial, no dejando, prácticamente, cuestiones de hermenéutica fundamentales sin
abordar. Ello implica una importante contribución a la seguridad jurídica.
De ese modo, en el marco de la reiterada concepción (no siempre debidamente
advertida) acerca de las funciones jurisdiccionales que ejercen determinados órganos o
tribunales administrativos, la Corte ha considerado oportuno, al resolvereste caso, actuar
como verdadero intérprete final de la Constitución, profundizando la interpretación del
principio de separación de poderes, el carácter judicialista de la Constitución y su armonía
con la garantía de la defensa en juicio de las personas y sus derechos (art. 18 CN) 2 .

2

Cfr. Considerando 12°.

06/11/2008 2:52 p.m.

2

Pero, además de profundizar esos principios a...