Fallo Cantos

Fallo Cantos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – PROCURADOR DEL TESORO (CANTOS)

Buenos Aires, 21 de agosto de 2003.
VISTOS Y CONSIDERANDO: 1º) Que se inician estas actuaciones con motivo de la presentación efectuada por el Señor Procurador del Tesoro de la Nación, a fin de que este Tribunal instrumente el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 deseptiembre de 2002 en el caso “Cantos”.
2º) Que en dicho pronunciamiento, en cuanto al caso concierne, se decidió que el Estado Argentino violó el derecho de acceso a la justicia consagrado en los arts. 8.1. y 25 en relación con el art. 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decidió que: “1. El estado debe abstenerse de cobrar al señor José María Cantos la tasa de justicia y lamulta por falta de pago oportuno de la misma; 2. El Estado debe fijar en un monto razonable los honorarios regulados en el caso C. 1099 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina...; 3. El Estado debe asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado y de la Provincia de Santiago del Estero, bajo las condiciones establecidas en el puntoanterior; 4.El Estado debe levantar los embargos, la inhibición general y demás medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del señor José María Cantos, para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios regulados”.
3º) Que la petición efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación no puede ser atendida por este Tribunal, so riesgo deinfringir ostensiblemente cláusulas de inequívoca raigambre constitucional que amparan los derechos cuya titularidad corresponde a diversos profesionales que han intervenido en la causa C. 1099, XX. “Cantos, José María c/ Santiago del Estero, Provincia de y/o Estado Nacional s/ cobro de pesos”, con patente y deliberada renuncia de su más alta y trascendente atribución, para cuyo ejercicio ha sidoinstituida como titular del Poder Judicial de la Nación, que es ser el custodio e intérprete final de la Constitución Nacional.
4º) Que ello es así, pues la reducción del monto de los honorarios fijados por este Tribunal a favor de los profesionales intervinientes sin darles siquiera la posibilidad de resistir una eventual petición del interesado en tal sentido que en su caso debiera formularse,como es obvio, en el marco de la ejecución de la decisión de esta Corte- vulneraría elementales garantías constitucionales de los así afectados. Ello, por cuanto los profesionales beneficiarios de esos derechos creditorios no han sido parte en el procedimiento desarrollado ante la instancia internacional. Por lo demás no corresponde sustanciar el pedido en estudio fuera de una causa judicial,confundiendo de este modo la intervención que a la Corte en todo caso podría corresponderle en orden al gobierno del Poder Judicial de la Nación, con la que resulta de su competencia originaria en materia judicial.
La primera de las apuntadas circunstancias importaría la violación de garantías judiciales y del derecho de propiedad, expresamente tuteladas por la Constitución Nacional (arts. 17 y 18)como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8, 21 y 25; Fallos 325:28). Así bajo el ropaje de dar cumplimiento con una obligación emanada de un tratado con jerarquía constitucional (art. 63.1, de la Convención), llevaría a la inicua -cuanto paradójica- situación, de hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad internacional por afectar garantías y derechos reconocidos alos profesionales, precisamente, en el instrumento cuyo acatamiento se invoca.
La segunda, por su parte, más allá de su improcedencia- no parece imprescindible. Una decisión como la aquí indicada implicaría asumir que el Estado Nacional seguirá adelante con la ejecución de la tasa judicial y su multa no obstante la decisión de la Corte Interamericana; que en el ámbito de esa ejecución, el...