Fallo Donoso

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
CÁTEADRA “B” DE DERECHO CONSTITUCIONAL II
ASUNTO: PRINCIPIO DE LEGALIDAD (TIPICIDAD PENAL) Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO.

DONOSO (1986)
CNCrim.Corr. Sala VII
Fallo de Cámara

Buenos Aires, abril 26 de 1986.

“Considerando: El derecho argentino asegura a todos sus habitantes el goce y ejercicio de losderechos y garantías, declamando en el art. 18 de la Const. Nacional la inviolabilidad de loa defensa en juicio, por lo cual corresponde al Poder Judicial ejercer su oportuna custodia a través de las formas, reglas y tiempos del “debido proceso”.
Ni siquiera el ejercicio de las muy respetables funciones del poder de policía del Estado puede importar un desconocimiento de aquellas garantías,pues si bien los riesgos de la convivencia pueden causar daños y peligros a personas y bienes, la función preventiva y aún el ejercicio del imperio constitucional, no pueden afectar tales principios.
Claro está que no siempre resulta fácil la necesidad de proteger el orden con la necesidad de respetar la libertad personal, sin la cual aquél podrá llegarse a confundir con la mera opresión. Por lotanto, cuando el ejercicio del poder policial pueda, afectar los intereses jurídicos de los particulares, el magistrado debe ponderar si en el caso sometido a su decisión los objetivos del poder policial no deben ceder ante la preeminencia de la seguridad personal, o si por el contrario ésta debe ser compatibilizada con aquél, ya que sin poder de policía ningún Estado puede respetar y hacerrespetar, precisamente, los derechos humanos.
En el presente hábeas corpus se cuestiona por el apelante la decisión del juez de grado. Sin duda los agravios resultarían procedentes si no se observaran cuestiones lesivas para la supremacía del orden constitucional.
Pero, al respecto, cabe señalar que tanto la norma invocada para penar al contraventor, como el modo institucionalizado para acreditarsu responsabilidad constituyen muestras inequívocas de un exceso funcional.
En cuanto a la norma incriminante, no obstante emanar de un acto legislativo del Congreso de la Nación (ley 14.467) aquella no cumple con los recaudos exigidos por los arts. 18 y 19 de la Const. Nacional.
En efecto, la regla legal que se aplica a Donoso ha establecido multa o arresto de quince a treinta días a lossujetos conocidos como profesionales del delito que se encontraran merodeando por los muelles, estaciones ferroviarias o de tranvía, bancos, paradas de ómnibus, hoteles, teatros, cinematógrafos o cualquier lugar de reunión o asamblea pública, sin causa justificada.
La simple lectura de esta figura legal demuestra su incompatibilidad con el art. 19 de la Constitución, pues importa una vagaincriminación que no reúne los requisitos de “tipicidad” exigidos por la Constitución Nacional para la formulación de los “hechos punibles”.
En primer lugar, la referencia al sujeto activo de la infracción con la expresión “profesionales del delito”, denuncia el inocultable estilo totalitario del inconstitucional derecho penal de autor. Es necesario, frente a casos como el presente, reiterar cuantasveces sea necesario que en nuestro orden jurídico la legitimidad es originaria y que nadie requiere salvoconductos o permisos para ejercer su plena libertad al amparo del art. 19 de la Constitución Nacional.
Por consiguiente, a ningún habitante se le puede reprochar el ejercicio de un derecho, se trate de una facultad subjetiva y concreta (art. 14, Const. Nacional; art. 1071, Cód. Civil y art. 34,inc. 4°, Cód. Procesal) o del genérico derecho de reserva contenido en el citado art. 19 de la Const. Nacional.
Solamente, pues por el mecanismo constitucional de las creaciones incriminatorias puede construirse un catálogo de prohibiciones compatibles con la Constitución Nacional, se trate de delitos o contravenciones.
Pero, si bien el legislador tiene la más amplia gama de posibilidades...