fallo orfila

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Orfila, Fernando
12/04/1929

Hechos
Una persona fue detenida por un magistrado, cuyo nombramiento provenía del comisionado
federal designado mediante la ley de intervención de la provincia de Mendoza 11.460.
Frente a tal decisión fue interpuesto un recurso de habeas corpus, en el cual se solicita la
libertad del detenido en virtud de la incompetenciaque se alega respecto del juez que dictó
la orden de arresto, la cual, según la defensa, correspondería a la justicia federal. El juez de
sección de la provincia determinó que la justicia federal era incompetente para conocer en
el asunto. El tribunal de Alzada confirmó la sentencia. Contra esa decisión, se interpuso
recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Naciónconfirmó la
sentencia recurrida.
Sumarios
1. 1 - El poder del gobierno federal para intervenir en el territorio de las provincias ha
sido implícitamente conferido al Congreso, y es a éste a quien le corresponde
decidir qué género de gobierno es el establecido en el estado, si es republicano o no,
según las normas de la Constitución Nacional, si está asegurada o bastardeada la
administraciónde justicia, si existe régimen municipal, si se imparte la educación
primaria conforme lo establecido por el art. 5 de la Constitución Nacional.
2. 2 - La facultad ejercitada por el Congreso al sancionar la ley 11.460, por la cual se
dispuso la intervención de la provincia de Mendoza y ordenó al comisionado federal
que declare la caducidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es deorden
netamente político y, por consiguiente, de la exclusiva incumbencia de los poderes
Legislativo y Ejecutivo de la Nación, razón por la cual, la Corte Suprema, no se
encuentra autorizada para examinar los hechos que han conducido a la decisión
contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la Carta
Fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderesdel Estado.
3. 3 - El poder conferido al gobierno de la Nación por los arts. 5 y 6 de la Constitución
Nacional, en cuanto autoriza la intervención del gobierno federal en el territorio
provincial, presupone la posesión de todos los medios necesarios y propios para
llevarlo a ejecución de acuerdo con la regla del art. 67, inc. 28 y de jurisprudencia
que lo ha interpretado.
4. 4 - Elinterventor es sólo un representante directo del presidente de la República,
que obra en una función nacional al efecto de cumplir una ley del Congreso,
sujetándose a las instrucciones que de aquél reciba, y tal funcionario no hace sino

ejercer poderes nacionales expresos y transitorios de garantía y reconstrucción del
régimen local alterado o subvertido.
5. 5 - Si bien la ley de intervención11.460 para la provincia de Mendoza, no obstante
la declaración de caducidad del Poder Judicial, no contiene norma alguna concreta
sobre las facultades del interventor para realizar designaciones judiciales dentro de
la provincia, una vez promulgada la ley, el presidente de la Nación debe cumplirla
disponiendo a ese efecto de facultades reglamentarias conforme el art. 86 inc 2 de la
ConstituciónNacional.
6. 6 - La paralización absoluta de la función judicial no puede haber entrado ni en el
pensamiento de los hombres que redactaron el instrumento político que consagró la
facultad de intervenir, ni en la mente del Congreso que usó de él al sancionar la ley
—en el caso, ley 11.460—, por cuanto no es lícito suponer en aquél ni en éste, una
consecuencia de tanta magnitud, no en el sentidode promover el bienestar general
de la colectividad y mantener su organización, que constituyen sus fines
primordiales, sino en el de sumirla en el desorden y en la anarquía.
7. 7 - Las leyes de intervención —en el caso, la ley 11.460 de intervención de la
Provincia de Mendoza— incorporan implícita o expresamente a sus prescripciones
todas las leyes provinciales de carácter procesal y...