Fallo Orfila

“Orfila Alejandro s/Recurso Extraordinario” - CSJN - 12/04/1929

Y vistos:

Considerando:

Que la cuestión traída al conocimiento de esta Corte, en el presente recurso extraordinario, consiste en determinar si la orden de arresto dictada en un proceso criminal incoado contra el doctor Alejandro Orfila por un juez de la provincia de Mendoza cuya designación dimana del comisionado federal enaquel Estado ha sido dictada por juez competente.

Que la competencia del juez ha sido desconocida a mérito de una doble consideración: a)))porque según se afirma, de acuerdo con el art. 105 de la Const. Nacional el interventor nacional ni el Poder Ejecutivo a quien representa se hallan constitucionalmente facultados para nombrar jueces en el territorio de la provincia intervenida;; b) porqueaunque tal facultad fuera legítima, los jueces nombrados carecerían de jurisdicción para conocer en los delitos cometidos con anterioridad a su designación, de acuerdo con la garantía conferida a todos los habitantes de la Nación por el art. 18 de la Const. Nacional y según la cual nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa ni juzgado por comisionesespeciales.-

Que en cuanto a lo primero, cabe, desde luego, dejar sentado que el régimen político adoptado por la Constitución se funda en la coexistencia de la soberanía nacional y la autonomía provincial en virtud de la cual las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención delgobierno federal (arts. 104 y 105). Éste, a su turno, actúa y se mueve dentro de los poderes que le han sido delegados y su autoridad es amplia y completa cuando aquéllos son exclusivos.-

Que este régimen de poderes dobles y de recíproca independencia en el ejercicio de aquéllos, sufre excepciones anormales y permanentes derivadas de la necesidad de realizar la unión, afianzar la justicia,consolidar la paz interior y proveer a la defensa común, y además, las especiales y transitorias emergentes de que el gobierno local desconozca en su Constitución o en el ejercicio de sus facultades institucionales los principios de derecho político o de libertad civil proclamados por la Carta Fundamental; tal ocurre según lo expresamente establecido por el art. 5°, cuando una Constitución de provinciano () se modela en el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; o cuando no asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria.-

Que, la parte última del art. 5° de la Constitución al disponer que “bajo de estas condiciones el gobierno federal garante a cada provincia el goce yejercicio de sus instituciones” y la primera parte del art. 6° al establecer consiguientemente, que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, demuestran, el primero, que la regla del art. 105, esto es, la que define y consagra el principio de las autonomías provinciales, subsiste como una valla insalvable cuando el Estadoprovincial ha cumplido la obligación impuesta por el art. 5°, y, el segundo, que si así no fuere, la intervención sin requisición y concebida como un deber por parte de la Nación, es el remedio arbitrado por el propio estatuto para defender y mantener inviolables en todo el ámbito de la República los principios esenciales por el mismo adoptados.-

Que la interpretación del pensamiento que informa el art.5° en cuanto a su contenido real, ha sido formulada por Estrada en los siguientes términos: “La Constitución de los Estados Unidos sólo garantiza una forma republicana de gobierno. La Constitución argentina garantiza dos cosas: una forma republicana de gobierno y el goce y ejercicio efectivo y regular de las instituciones. De suerte que si en Norte América solamente está obligado el gobierno...