fallo quiroga

14) Que, tal como lo expresaba Alfredo Vélez Mariconde, con remisión a la opinión de Hélie
"los poderes que necesariamente deben serle acordados al juez de instrucción con relación
a las personas y los bienes a fin de que puedan cumplir su obra entrañan riesgos
inevitables; su objetivo debe ser el triunfo de la verdad y la justicia, pero un paso más o
menos convierte un acto en injusto, y aveces el exceso de celo lo enceguece, lo alucina y
no puede distinguir las dos opuestas zonas de la justicia y la injusticia" (aut. cit., Derecho
Procesal Penal, Lerner ediciones, 2a. ed., Buenos Aires, 1969, T. I, pág. 386). Es evidente
que "la instrucción compromete el honor, la reputación y la tranquilidad de una persona
legalmente inocente, que puede restringir su libertad o afectar supatrimonio, o alejarlo de
su actividad ordinaria o de su familia, dejando a ésta en el desamparo; que, en fin, puede
adquirir las formas y la severidad de una pena, causando la deshonra y la ruina
irreparables" (conf. op. y loc. cit.).-
15) Que, frente a tales riesgos, la actividad legislativa enfrenta permanentemente el desafío
de lograr un adecuado equilibrio entre un proceso penal "eficiente"y uno que le dé al
imputado la oportunidad de defenderse en un marco de verdadera imparcialidad. En este
sentido, no es nueva la concepción de que la separación funcional entre juzgador y
acusador apunta a lograr esa finalidad. Así, ya Manuel Obarrio, en la Exposición de Motivos
del Código de Procedimientos en Materia Penal decía: "Cuando el acusador arriba a estas
conclusiones [ausencia deprueba suficiente de culpabilidad del procesado], no es posible
entrar al plenario, porque el plenario es un juicio en materia criminal que participa de la
naturaleza del juicio ordinario en materia civil, es decir, es un juicio seguido entre partes, un
juicio contradictorio. Entrar al plenario sin acusador sería lo mismo que abrir la tramitación
de un juicio ordinario civil, sin existirdemandante. Sólo alterando radicalmente el orden
natural de los juicios puede sancionarse, en mi concepto, un hecho que importa una
positiva irregularidad en la marcha de los procedimientos. Por lo demás, la imparcialidad es
una de las condiciones de que debe el juez estar siempre revestido, y esa imparcialidad es
inconciliable con las funciones de la acusación, funciones que vienen en rigor adesempeñar, cuando, a pesar de las opiniones del ministerio público o querellante
particular, manda llevar adelante los procedimientos y pasar la causa al estado de
plenario". Dejando a un lado si dicho código respetaba tales premisas en toda su
concepción, lo cierto es que la noción de separación entre acusador y juzgador como
herramienta para asegurar la imparcialidad no es novedosa en nuestromedio.-
En la misma dirección se ha dicho, en tiempos más cercanos, que "la separación del juez y
acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico
acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás...La garantía de la
separación así entendida representa, por una parte, una condición esencial de la
imparcialidad (terzietà) del juezrespecto de las partes de la causa, que, (...) es la primera
de las garantías orgánicas que definen la figura del juez; por otra, un presupuesto de la
carga de la imputación y de la prueba, que pesan sobre la acusación" (Luigi Ferrajoli,
Derecho y razón: Teoría del garantismo penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995, págs. 564 y
sgtes.).-
16) Que dicha concepción no ha sido ajena a la jurisprudencia de estaCorte, que en
múltiples oportunidades ha vinculado la necesidad de acusación a la inviolabilidad de la
defensa en juicio (conf. Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308: 1557, "Tarifeño" -publicado en
Fallos: 325:2019-; 320:1891).-
17) Que la exigencia de "acusación", si es que ha de salvaguardar la defensa en juicio y la
imparcialidad como condiciones del debido proceso, presupone que dicho...