Fallo Transportes Chaco

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"Transporte Chaco" (1932)

6 de Mayo de 1932 

Fallos 164:344

DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS - INGRESO AL PAIS

Simón Scheimberg y Enrique Corona Martínez s/ hábeas corpus en representación de treinta y tres extranjeros detenidos en el “Transporte Chaco” de la Armada Nacional

En el caso la Corte Suprema analizó por primera vez –aunque en forma bastante diferida con respecto a susanción en 1902- la constitucionalidad de la llamada “Ley de Residencia”, nº 4144, que permitía al Ejecutivo disponer la salida del territorio nacional de extranjeros cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbara el orden, o impedir su ingreso. En 1910 se dictó la “Ley de defensa social”, nº 7029, que tenía una impronta similar aunque judicializaba el proceso. A su vez, esta otraley fue derogada expresamente al sancionar el Código Penal de 1921. En una sentencia de 1928, “Don Francisco Macia y Don Ventura Gassol s/ Habeas Corpus” (Fallos 151:211) la Corte había interpretado que la derogación de la ley derogatoria tornaba vigente a la original, de modo que el fallo se explaya primordialmente sobre el argumento constitucional y no sobre el planteo que había hecho la defensaalegando que la Ley de Residencia no era ley vigente, que es resuelto con la remisión a aquel precedente.
La mayoría de la Corte (Repetto, Pera y Ferrer, juez subrogante) afirmó que el derecho de los extranjeros para entrar al país debe estar subordinado a las condiciones que expone la Constitución y las normas que dicte el Congreso, aludiendo a que su permanencia importa “un pacto tácito entre ély la soberanía”, que habilita la exclusión cuando aquellos ingresen violando reglas internas o cuando, después de admitidos, resulten peligrosos o indeseables por su conducta y actividades. Bajo ese marco, entendió que la deportación no supone un juicio criminal ni es una pena, sino un medio escogido para lograr que un extranjero salga compulsivamente y que se ejecuta a través de un procedimientode carácter administrativo o civil, sin sujeción a las garantías del art. 18 C.N. Aunque no encontró agravio en la aplicación de la medida en el caso que juzgaba, esa mayoría aclaró que de cualquier manera ese procedimiento “no debe ser arbitrario, secreto, opresivo o injusto; dentro de su forma breve y sumaria y sus caracteres de juicio civil, debe darse al imputado oportunidad de defenderse, yno cumplida esta garantía, deberán intervenir los jueces para hacerla efectiva y revisar el procedimiento e incluso para impedir que la aplicación de la ley se extienda a un argentino”.

En disidencia se pronunciaron Guido Lavalle y Sagarna. El primero entendió que la derogación de la ley 7029 por el Código Penal había dejado sin efecto la ley de residencia. Además, aclaró que si bien laConstitución no impide dictar leyes de defensa social contra agitadores profesionales que violando los deberes de la hospitalidad “se agazapan a la sombra de nuestra legislación liberal para socavarla”, el procedimiento de la ley 4144 venía a privar a los extranjeros de las garantías acordadas a los mismos por el solo hecho de habitar en el país, en tanto otorgaba al Presidente la facultad de expulsión“sin forma de juicio, sin establecer procedimiento y sin recurso alguno”. Reafirmó que la norma era de carácter penal y que la intervención ulterior de la justicia mediante el habeas corpus no podía subsanar las deficiencias de la ley.

Sagarna, cuyo voto discurre por términos similares, dice que el art. 25 C.N. “no dice, ni autoriza la inducción, que el ingreso acordado o aceptado, del extranjeroal país, esté sujeto a condición sin término pesando sobre el habitante, a perpetuidad, la amenaza de un desarraigo y expulsión, sin juez ni juicio por una calificación administrativa de "peligroso" o "indeseable"”, premisa que lo lleva a “excluir la tesis americana del cuasi contrato violado por el inmigrante y que justificaria la cancelación o reversión de su admisión, aparte que, según...