Fallo Video Club Dream c/ Instituto Cinematográfico (06/06/1995)
Páginas: 9 (2190 palabras)
Publicado: 8 de noviembre de 2013
Fallo: Video club dreams c/ Instituto Cinematográfico
Fecha:06/06/1995 –
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Hechos principales:
Un video club inició acción de amparo contra el Instituto Nacional de Cinematografía, a fin de regularizar su situación ante el tributo establecido por los decretos de necesidad y urgencia 2736/91 y 949/92, a los que cuestionó porinconstitucionales.
El Poder Ejecutivo, por medio de estos decretos de emergencia, alegó la crisis terminal del cine nacional y ante la necesidad de preservar esta fuente cultural, extendió la aplicación de la ley 17.741(9), a la venta o locación de todo tipo de película exhibida a través de canales de televisión abierta o por cable, en video, bares y en todo otro local en los que la misma se realice porcualquier medio.
El juez de primera instancia hizo lugar al amparo, declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y anulando la intimación realizada al actor. La decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario federal, con fundamento en que los decretosfueron sancionados respetando los requisitos necesarios para su procedencia y habiéndose dado cuenta de ello, el Congreso de la Nación los convalidó con el dictado de la ley 24.191 de Presupuesto Nacional.
Derechos y garantías afectadas por la inconstitucionalidad de los decretos n° 2736/91 y 949/92:
Artículos 4, 14, 17, 19, 52, 75 inc 2, 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional .
Holdingdel fallo:
Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo, el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas. Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal con los recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único Poder del Estado investido de tales atribuciones por lo cual, y por laprohibición del art. 99 inc. 3 CN, se confirmó la sentencia apelada.
Se desechan los agravios expresados por la recurrente de que la actora habría ido e n contra de sus propios actos por cuanto se registro y pago el impuesto cuestionado, pues tales circunstancias no traducen una clara voluntad de someterse a las normas de los decretos impugnados.
Los mismos emplazan al titular del video club comoagente de percepción y lo someten a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones legales, lo que evidencia el interés jurídico de dicho titular en hacer caer ese régimen.
Corresponde a la corte el estudio de las circunstancias de hecho que justifican la adopción de decretos de necesidad y urgencia, lo que no implica un juicio de valor acerca del merito, oportunidad o convenienciade la medida, sino que deviene imprescindible para admitir o rechazar el ejercicio de la función legislativa por parte del poder ejecutivo.
El decreto 2736/91, con las modificaciones introducidas por el decreto 949/92, en cuanto crea un hecho imponible distinto del previsto por la ley 17.741 no es compatible con nuestro régimen constitucional, sin que la circunstancia de su reciproca vinculacióno parecido permita obviar los alcances del principio de legalidad.
“no obsta a la conclusión precedente el hecho de que el decreto sea de los llamados de necesidad y urgencia, ya que aun cuando la corte reconoció en el caso” Peralta” la validez de una norma de ese tipo, en esa oportunidad se señalo que “en materia económica, las inquietudes de los constituyentes se asentaron en los temas como laobligada participación del poder legislativo en la imposición de contribuciones (art 67, inc. 2CN), consustanciada con la forma republicana de gobierno (art 22 CN)”.
Solución a la controversia:
En primera y segunda instancia los jueces hicieron lugar al amparo y declararon la inconstitucionalidad de los decretos en base al principio de legalidad tributaria, es decir, los impuestos solo...
Fecha:06/06/1995 –
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Hechos principales:
Un video club inició acción de amparo contra el Instituto Nacional de Cinematografía, a fin de regularizar su situación ante el tributo establecido por los decretos de necesidad y urgencia 2736/91 y 949/92, a los que cuestionó porinconstitucionales.
El Poder Ejecutivo, por medio de estos decretos de emergencia, alegó la crisis terminal del cine nacional y ante la necesidad de preservar esta fuente cultural, extendió la aplicación de la ley 17.741(9), a la venta o locación de todo tipo de película exhibida a través de canales de televisión abierta o por cable, en video, bares y en todo otro local en los que la misma se realice porcualquier medio.
El juez de primera instancia hizo lugar al amparo, declarando la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y anulando la intimación realizada al actor. La decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recurso extraordinario federal, con fundamento en que los decretosfueron sancionados respetando los requisitos necesarios para su procedencia y habiéndose dado cuenta de ello, el Congreso de la Nación los convalidó con el dictado de la ley 24.191 de Presupuesto Nacional.
Derechos y garantías afectadas por la inconstitucionalidad de los decretos n° 2736/91 y 949/92:
Artículos 4, 14, 17, 19, 52, 75 inc 2, 76 y 99 inc 3 de la Constitución Nacional .
Holdingdel fallo:
Los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo, el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas. Ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal con los recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único Poder del Estado investido de tales atribuciones por lo cual, y por laprohibición del art. 99 inc. 3 CN, se confirmó la sentencia apelada.
Se desechan los agravios expresados por la recurrente de que la actora habría ido e n contra de sus propios actos por cuanto se registro y pago el impuesto cuestionado, pues tales circunstancias no traducen una clara voluntad de someterse a las normas de los decretos impugnados.
Los mismos emplazan al titular del video club comoagente de percepción y lo someten a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones legales, lo que evidencia el interés jurídico de dicho titular en hacer caer ese régimen.
Corresponde a la corte el estudio de las circunstancias de hecho que justifican la adopción de decretos de necesidad y urgencia, lo que no implica un juicio de valor acerca del merito, oportunidad o convenienciade la medida, sino que deviene imprescindible para admitir o rechazar el ejercicio de la función legislativa por parte del poder ejecutivo.
El decreto 2736/91, con las modificaciones introducidas por el decreto 949/92, en cuanto crea un hecho imponible distinto del previsto por la ley 17.741 no es compatible con nuestro régimen constitucional, sin que la circunstancia de su reciproca vinculacióno parecido permita obviar los alcances del principio de legalidad.
“no obsta a la conclusión precedente el hecho de que el decreto sea de los llamados de necesidad y urgencia, ya que aun cuando la corte reconoció en el caso” Peralta” la validez de una norma de ese tipo, en esa oportunidad se señalo que “en materia económica, las inquietudes de los constituyentes se asentaron en los temas como laobligada participación del poder legislativo en la imposición de contribuciones (art 67, inc. 2CN), consustanciada con la forma republicana de gobierno (art 22 CN)”.
Solución a la controversia:
En primera y segunda instancia los jueces hicieron lugar al amparo y declararon la inconstitucionalidad de los decretos en base al principio de legalidad tributaria, es decir, los impuestos solo...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.