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Voces: CONSTITUCION NACIONAL ~ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ~ DEBIDO PROCESO ~ DERECHOS HUMANOS ~ DOBLE INSTANCIA ~ GARANTIAS CONSTITUCIONALES ~ IGUALDAD ANTE LA LEY ~ IRRECURRIBILIDAD ~ LEGITIMACION RECURSIVA ~ MINISTERIO PUBLICO FISCAL ~ PROCEDENCIA DEL RECURSO ~ PROCEDIMIENTO PENAL ~ RECURSO EXTRAORDINARIO ~ SENTENCIA ~ TRATADO INTERNACIONAL
Tribunal: Corte Suprema deJusticia de la Nación(CS)
Fecha: 14/10/1997
Partes: Arce, Jorge D.
HECHOS:
Un tribunal oral en lo criminal condenó a dos personas a las penas de cinco y seis años de prisión respectivamente. El fiscal interpuso recurso de casación, mediante el cual controvirtió la limitación que le impone el art. 458 del Cód. Procesal Penal para deducir ese recurso. La Cámara Nacional de Casación Penal lodeclaró mal concedido. Contra esa decisión, se interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el remedio federal y confirmó la sentencia apelada.

SUMARIOS:
1. El adecuado respeto a la garantía del debido proceso sólo exige que el litigante sea oído con las formalidades legales y no depende del número de instancias que las leyes procesales,reglamentando esta garantía constitucional, establezcan según la naturaleza de las causas. Esta regla ha quedado limitada por la reforma constitucional de 1994, que consagra expresamente el derecho del inculpado de "recurrir del fallo ante juez o tribunal superior" (confr. art. 8° párr. 2°, inc. h, Convención Americana sobre Derechos Humanos -Adla, XLIV-B, 1250-).
2. De la conjunción entre el art. 8°,párr. 2°, inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250) --que establece que "... Durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior" y el art. 14 inc. 5° del Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos (Adla, XLVI-B, 1107) --según el cual "Todapersona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescripto por la ley--, surge que la garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado. Por ello, en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado, y no es el sujeto destinatario del beneficio, nose encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho.
3. La limitación de la facultad de recurrir las sentencias al ministerio público cuando se verifique uno de los supuestos del art. 458 del Cód. Procesal Penal, no puede considerarse inconstitucional en la medida en que, en las particularescircunstancias del caso no se demuestre que se afectó la validez de otras normas constitucionales.
4. A los fines de establecer el sentido de la voz "persona" enunciada en el art. 8°, párr. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLIV-B, 1250), es válido recurrir al Preámbulo y al art. 1° del citado ordenamiento, los cuales establecen que "persona" significa todo ser humano. Elloen virtud de la aplicación, por un lado, de la pauta de hermenéutica según la cual cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación y, por el otro, del principio conforme el cual las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos debe entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para beneficio delos Estados contratantes.
5. El principio de la igualdad de todas las personas ante la ley, según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución, no es otra cosa que el derecho que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzosamente que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos...