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ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA “ANALVET” N. I. T: 900154396-7

BOGOTÁ, ENERO 20 DE 2011 DOCTOR JUAN CARLOS HENAO PÉREZ PRESIDENTE CORTE CONSTITUCIONAL L. C. Señor Presidente:Cordial saludo. En nombre de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERANOS DE LA FUERZA PÚBLICA –ANALVET-, atentamente nos permitimos manifestarle nuestra complacencia por sus declaraciones relacionadas con laobligación que tiene el Gobierno de pagar las sentencias judiciales para evitar que se conviertan en “pedazos de papel sin efecto vinculante”. Así debe ser en aras de preservar la seguridad jurídicadel Estado. Pero existe un vacío en nuestra legislación que quizás no se ha previsto por aquello de que la “buena fe se presume” y es el relacionado con la falta de un medio coercitivo que obligue aese cumplimiento a gobiernos irresponsables (como el anterior y el actual) cuando deliberadamente se niegan a acatar los mandatos judiciales. Para obligar a los particulares a cumplir la ley elgobierno se apoya en la policía, pero ¿quién obliga al gobierno cuando los Entes de Control no actúan? Tal es el caso que está ocurriendo con los miembros de la Fuerza Pública quienes tenemos acumuladascientos de sentencias debidamente ejecutoriadas que reconocen nuestros legítimos derechos y que el gobierno deliberadamente se niega a cumplir. ¿Quién lo obliga si las armas oficiales están en su poder?Para tratar de resolver este problema nosotros hemos recurrido sin resultados hasta ahora, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, al Defensor del Pueblo, al Senado, al Ministerio deDefensa, a la CIDH etc. Como la Corte Constitucional es la garante del Estado de Derecho que nos rige, comedidamente nos permitimos solicitar una recomendación sobre el camino a seguir en un caso como este,que de seguro les parecerá insólito e inimaginable en una democracia como la nuestra.

Cordialmente,

Capitán Juan Alfonso Fierro Manrique e-mail: analvetcolombia@gmail.com Cel. 310-7091485...