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La nueva Ley del ADN en España.
Cátedra de Derechos Humanos

LA NUEVA LEY DEL ADN EN ESPAÑA

Dr. Manuel Ollé Sesé
Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Profesor de Derecho Penal de la
Universidad Antonio de Nebrija.

El pasado día 9 de noviembre de 2007 entró en vigor, en España, la Ley Orgánica 10/2007, de 8
de octubre (Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 10 de octubre)reguladora de la base de
datos policiales sobre identificadores obtenidos a partir del ácido desoxirribonucleico (ADN).
Ley que fue aprobado en el parlamento con la unanimidad de todos los partidos políticos.

Esta novedosa ley contempla la creación de una base de datos centralizada e integral para el
almacenamiento del conjunto de los perfiles de ADN obtenidos tanto de la escena del crimen
comode los sospechosos, detenidos o imputados, con la finalidad de utilizarlos posteriormente
en investigaciones distintas o futuras de aquellas para las que fueron recopilados, aún sin el
consentimiento expreso del titular de los datos.
Los primeros ficheros de ADN de la policía que se crearon en 1994 y que después se ampliaron
en 1998 con la información genética de los cadáveres ydesaparecidos, en la Dirección general
de la Guardia Civil, fueron suprimidos por una disposición del Ministerio de Economía en el
año 2002, en cumplimiento de lo que establecía la ley, ahora vigente, de Protección de Datos.
En el Derecho Internacional, la necesidad de previsión legal específica para las medidas que
supongan una injerencia en los derechos a la intimidad y a la integridad física estáestablecida
expresamente en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que
«no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley». Y es necesaria esta previsión legal para las
diligencias que pueden restringir derechos fundamentales, entre ellas los reconocimientos,
inspeccioneso intervenciones corporales.

En estos casos la Ley puede autorizar a la policía judicial a disponer, por acreditadas razones de
urgencia y necesidad, la práctica de actos que comporten una simple inspección o
reconocimiento o, incluso, una intervención corporal leve, siempre y cuando se observen en su
práctica los requisitos dimanantes de los principios de proporcionalidad y razonabilidad.La Unión Europea proclama en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales el
derecho de toda persona a la protección de los datos de carácter personal y que solo podrán ser

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recogidos mediante su consentimiento o en virtud de otro fundamento legitimo previsto por la
Ley.
Los antecedentes legislativos en la materia seencuentran en los artículos 326 y 363 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal española, cuya redacción fue modificada mediante Ley Orgánica
15/2003 de 25 de noviembre, para proporcionar cobertura jurídica a las prácticas de
investigación relacionadas con la obtención de datos a partir del ADN que pudieran contribuir al
esclarecimiento del hecho investigado. Hasta ese momento, en España, el ámbitode aplicación
de los marcadores genéticos estaba reducido exclusivamente a la identificación de cadáveres y
la determinación de relaciones de parentesco.
En concreto, estos dos artículos de la Ley Procesal Penal autorizaban la obtención de ADN
procedente de las muestras biológicas recogidas de pruebas halladas en el lugar del delito o
extraídas de sospechosos. Este elemento probatorio, sinembargo, exclusivamente podía ser
utilizado para la investigación policial y judicial concreta de los hechos de donde procediera la
muestra y siempre bajo la correspondiente autorización del Juez de Instrucción a la Policía
Judicial. Resolución judicial dirigida, bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad
en los actos de inspección, a funcionarios policiales o al médico forense...