Financiación Iglesia

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Financiación de las confesiones religiosas |

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I.- El Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre la Iglesia Católica y el Estado español. La financiación de la Iglesia Católica

Naturaleza del Acuerdo
La cuestión que se suscita en torno a la naturaleza jurídica de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, es la de si tales Acuerdos deben ser encuadrados en el artículo 7 dela Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que prevé la conversión de los Acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, confesiones o comunidades religiosas en leyes, a través de su aprobación por Ley de las Cortes Generales, o si deben conceptuarse como Tratados Internacionales de los contemplados en el art. 94 de la Constitución.
La consideración exclusiva de dicho artículo, cuyo apartadoprimero establece un cauce único para el establecimiento de Acuerdos o convenios de cooperación con Iglesias, confesiones y comunidades religiosas, conduciría, efectivamente, a atribuir a los citados acuerdos el carácter de leyes ordinarias.
Sin embargo, atendiendo al hecho de que la Iglesia Católica ostenta personalidad jurídica internacional, no recogida expresamente en los acuerdos del 79,pero cuyo reconocimiento se produce implícitamente por el mantenimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado español y el Estado de la ciudad del Vaticano y por la celebración entre ambos Estados de una serie de convenios que revisten el carácter de Tratados Internacionales, no cabe sino concluir que tales acuerdos participan de la misma naturaleza jurídica que los tratad os internacionales.Por su parte la doctrina, tanto canónica (Wagnon, Carvajal, Navarro Valls, etc) como civil e internacionalista (Gitrama, González Campos, etc), declara de un modo prácticamente unánime que los Acuerdos revisten el carácter de Tratados Internacionales.
En ese mismo sentido se ha manifestado la jurisprudencia española, tanto del Tribunal Supremo (STS 38 de febrero de 1974, STS 3 de 26 de noviembrede 1991 y STS de 9 de abril de 1992), como del Tribunal Constitucional (STC 3de 12 de noviembre de 1982).

Principio justificante de la aportación económica del Estado a la Iglesia (art. II)
“...el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado...(.)... dado el espíritu que informa las relaciones (actuales) entre Iglesia y Estado(aconfesionalidad y cooperación)....” (prólogo del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, en adelante AAE).
El Estado español ha colaborado económicamente con la Iglesia desde siempre. En un principio facilitándole un patrimonio con el que obtener rentas y concediéndole la posibilidad de recaudar tributos propios. Ya en el siglo XIX, las Leyes desamortizadoras suponen la confiscación del patrimonio de laIglesia para venderlo a particulares, y simultáneamente se suprime su capacidad tributaria. Como contraprestación a la pérdida de su capacidad financiera, el Estado se compromete a mantener el culto y el clero de la Iglesia católica. Este compromiso se formula por primera vez de manera unilateral en la Constitución de 1837, y se repite en las sucesivas Constituciones (1845, 1869 y 1876) hasta lade 1931, que de manera enfática prohíbe a los poderes públicos cooperar económicamente con las confesiones religiosas. El régimen franquista restablece a la Iglesia en sus anteriores privilegios y el Concordato de 1953, como sucedía con el de 1851, dispone que se asigne a la Iglesia anualmente una adecuada dotación para el culto y el clero, como «indemnización por las pasadas desamortizaciones debienes eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia a favor de la Nación», esto mientras se estudia «de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero». Como consecuencia del cambio de régimen político y de los nuevos principios constitucionales, el AAE prevé nuevas formas de colaboración económica compatibles...