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Nueva York, 11 de marzo. El Departamento de Estado reportó en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo que en México aumentaron los casos de detención arbitraria y trato cruel e inhumano, así como las desapariciones y otros abusos graves, mientras prevalece la impunidad, incluso en casos de alto perfil como el de San Salvador Atenco y otros en comunidades en Guerrero y Oaxaca.
Laamplia sección sobre México en Informes por país sobre prácticas de derechos humanos 2009, emitido hoy por el Departamento de Estado, afirma que generalmente el gobierno respetó y promovió los derechos humanos, pero en seguida ofrece una larga lista de problemas:
Matanzas perpetradas por fuerzas de seguridad, secuestros, abusos físicos, malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias,corrupción, ineficiencia y falta de transparencia en el sistema judicial, confesiones arrancadas por tortura, violencia y amenazas contra periodistas, más problemas de tráfico de personas, discriminación contra indígenas y mujeres y trabajo infantil.
Aunque el informe indica que no hubo casos confirmados de asesinatos o desapariciones políticamente motivados a escala federal, detalla casos en quefuerzas de seguridad pública, tanto militares como civiles, cometieron abusos contra los derechos humanos, incluyendo algunos con rasgos políticos.
Subraya que durante 2009 se cometieron más de 8 mil homicidios relacionados con el tráfico ilícito de drogas como resultado de la ofensiva oficial contra los narcotraficantes. Generalmente, autoridades civiles mantuvieron el control efectivo de lasfuerzas de seguridad. Hubo instancias donde elementos de estas fuerzas actuaron fuera de las políticas del gobierno, agrega.
Expresa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 14 mil 633 quejas a lo largo de 2009, incluidas 2 mil 178 contra la Secretaría de Seguridad Pública. Se constataron, afirma, 667 violaciones, entre ellas 244 detenciones arbitrarias y 245 casos de tratocruel e inhumano.
Aunque indica que no hubo asesinatos políticamente motivados por fuerzas federales de seguridad pública, destaca que estas fuerzas sí participaron en homicidios. Detalla casos en los que se alega que los decesos resultaron de incidentes con fuerzas de seguridad pública.
Menciona por ejemplo las muertes con señales de tortura de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente ysecretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, en Guerrero.
También se destacan casos en Guerrero y en Tamaulipas en los que elementos del Ejército estuvieron involucrados en las muertes de civiles.






El Estado mexicano deberá rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones de derechos humanos cometidas en los casos de Inés Fernándezy Valentina Rosendo, mujeres indígenas violadas por integrantes del Ejército mexicano en  2002. Igualmente, deberá comparecer por el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos campesinos ecologistas que fueron víctimas de tortura y detención arbitraria por parte de militares, en 1999.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó  a la Corte el caso de Inés Fernández el 7 de mayode este año, el de Valentina Rosendo en agosto y los de Montiel y Cabrera el pasado mes de junio.
Hasta la fecha los tres casos permanecen en total impunidad, pues la constante en México ha sido que los abusos cometidos por militares quedan fuera del alcance de las autoridades y tribunales civiles, en un incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En los tres casos hahabido falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables de los hechos; acompañada de la falta de reparación adecuada a las víctimas y sus familiares, en un contexto agravado por las dificultades que enfrentan los miembros de los pueblos indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la sierra...