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La interrupción del embarazo es un procedimiento ya común que llega a costarles más de 15 mil pesos a las mujeres que desean practicarlo.
A las que no cuentan con recursos, les cuesta muchomás caro: una vida, una infección, una hemorragia, o cancelar la posibilidad de un futuro embarazo.
La travesía de una mujer que desea interrumpir su embarazo comienza con la decisión, yade por sí difícil de terminarlo, después pedir información como si se tratara de una cuestión clandestina y oscura, digna de vergüenza.
Y esta búsqueda podría terminar en el módulo de lasorganizaciones civiles afiliadas a Provida, donde asustan a las mujeres, recriminándoles la decisión y alertándolas sobre el tremendo dolor que sufrirán.
Después de conseguir ultrasonidos,estudios de sangre, aguarda la clínica, llena de mujeres jóvenes, asustadas, temerosas, y constantemente acosadas por Provida.
Una mujer cuenta su odisea cuando el área de urgencias en laclínica le condicionó el ingreso el día que sufrió una hemorragia, pidiéndole que se comprometiera a llevar al término su embarazo.
Así, la mujer tiene que buscar clínicas en donde sí le atiendancabalmente, y suelen estar saturadas.
Antes y después del legrado, el doctor tiene además el trabajo de educar adecuadamente a las mujeres en cuanto a la anticoncepción.
El dolor y laangustia que sufre una mujer al asistir a una clínica es infinitamente menor al que sufrirá por su cuenta si la CNDH y la PGR, logran echar para atrás la despenalización hasta las 12 semanas.En lugar de gastar estos recursos humanos y materiales en la protección de los derechos humanos de sus contribuyentes, están actuando en contra de ellos.
Provida se opone a cualquier métodode anticoncepción y además les exige a las mujeres llevar a término un embarazo no deseado.
Si se legislara en contr de todo lo que prohíbe la iglesia, estaríamos de vuelta al Medievo.