Frentes

República Bolivariana de Venezuela.
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia.
Instituto Universitario de Policía Científica.
Sección: I

Realizado por:

David Taborda 16.107.598

Caracas, julio de 2010.
Introducción

La creciente y sostenida lucha contra el fenómeno de la corrupción, capazde trascender del ámbito nacional que se observa en la actualidad, se explica por la toma de conciencia de que la misma socava las instituciones públicas y el desarrollo integral de los pueblos, afectando sobre todo a los países más pobres. Desvirtúa además, los principios ético-legales a los cuales deben someterse los (las) funcionarios(as) y empleados(as) públicos como administradores(as) delpatrimonio público, puesto al servicio de los intereses generales. En este sentido, toda desviación del (de la) funcionario(a) acarrea responsabilidades que, en el presente trabajo, se mostraran.

4.1 Sanciones Administrativas y Procedimiento

El Título II de la nueva Ley establece el procedimiento previo aplicable para la aplicación de las sanciones administrativas de multa que oscilan entre50 a 500 U.T.; tal margen de discrecionalidad en manos del ente decisor, impone a éste último, de conformidad con las previsiones de los artículos 19 y 35 (parte in fine) del mismo texto legal, tomar en consideración las circunstancias atenuantes (falta de intención y "buena conducta anterior" del contraventor referida a los 5 años anteriores) y las agravantes (reincidencia, reiteración,resistencia o reticencia). Se debe señalar que los términos "reincidencia" y "reiteración" resultan aplicables en materia penal siendo diferentes en tanto en cuanto el primero se refiere a la comisión de delitos de la misma naturaleza, mientras que el segundo se reserva para delitos de naturaleza diferente, razón por la cual no resultan al menos en mi criterio aplicables al ámbito administrativo. La"resistencia" supone la oposición a cumplir con los deberes impuestos a los funcionarios(as) en relación con la declaración jurada de patrimonio y/o la correspondiente verificación de cumplimiento y exactitud de la información por parte del ente de control. Es indudable que en los 11 numerales contenidos en el artículo 33 LCC, pretendió el legislador establecer un catálogo extenso de conductas sujetas asanción, cayendo en repeticiones. Pienso que en aras de una mejor técnica legislativa que obviara las dificultades de trasladar conceptos propios del Derecho Penal (añadir a los ya señalados, los términos "agravantes" y "atenuantes") al ámbito administrativo, que la parte in fine del artículo 35 remitiera bastaría con el artículo 19.

Ahora bien, el Capítulo II Título II de la LCC se refiere alas Medidas Preventivas y en este sentido, el artículo 37 consagra la facultad de la CGR de solicitar la aplicación de medidas preventivas a fin de asegurar la presentación de la declaración patrimonial y/o de los documentos exigidos. La solicitud la hará la CGR a la máxima autoridad del ente correspondiente, el cual deberá aplicar de inmediato la medida preventiva y participarlo en un lapso de 3días hábiles a la CGR. En lo que respecta a esta norma, es obligante el comentario de que aunque el Capítulo II se subtitula De las Medidas Preventivas, nuestra legislación sólo reconoce a las mismas como medidas de precaución tomadas por el órgano jurisdiccional pendiente que sea un proceso, con miras a garantizar la realización material del Derecho, ante una eventual sentencia de condena. Esasmedidas están taxativamente establecidas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil y para ser acordadas deben cumplir una serie de exigencias. Por lo cual, se subvierte la legalidad al establecer su automática procedencia ante la solicitud de la CGR, máxime si somete a los(as) funcionarios(as) encargados de la aplicación de ellas a la sanción de multa (Vdr. numeral 6 art. 33).
Es por...