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Páginas: 17 (4177 palabras)
Publicado: 3 de febrero de 2014
Antes de proceder al análisis pormenorizado de dicha norma, estimo oportuno adelantar que hay tres aspectos de ella que merecen particular y ponderada consideración.
En primer lugar, dicho texto legal intenta inconstitucionalmente habilitar un procedimiento para que bienes inalienables del dominio público de la Nación sean considerados como bienes del dominio público de los Estados y a su vezpuedan ser convertidos en dominio privado de éstos. De tal manera, y enteramente de acuerdo con lo previsto en los acuerdos el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) podrían ser privatizados lagos, lagunas y ríos.
En segundo lugar, el texto examinado intenta arrebatar a los Estados sus potestades tributarias, atribuyéndole a algunos particulares la posibilidad de pactar mediantecontrato la estabilidad de sus regímenes tributarios con las Asambleas Legislativas estadales, en el espíritu de los hoy desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI). Así, en abierto desafío al principio de igualdad ante la ley, ciertos ciudadanos quedarían inmunes a las reformas tributarias, y otros sujetos a ellas.
En tercer lugar, el texto examinado abre la posibilidad de unamultiplicación casi ilimitada de la carga tributaria sobre los residentes de los Estados, al tiempo que limita en forma drástica los ingresos del Fisco Nacional y por consiguiente sus posibilidades de redistribuir equitativamente el ingreso público a favor de los entes menos favorecidos y de realizar planes de alcance nacional en el ejercicio de sus competencias.
Pasamos al análisis pormenorizado del textolegal con la urgencia que el caso amerita, por lo cual sólo comentaremos aquellos artículos que merecen objeciones.
CAPÍTULO II BIENES ESTADALES
Privatización de ríos, lagos y lagunas
El artículo 6 en su numeral 2 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal incluye entre los bienes de dominio público de los Estados “Las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientesa ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio, sin perjuicio de la autoridad y competencia nacional ejercida conforme a lo dispuesto en la legislación nacional sobre espacios acuáticos e insulares”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece en ningún artículo que los ríos, lagos y lagunas, que forman parte del territorio, estén comprendidos entre los bienes dedominio público de los Estados. Por el contrario, el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución atribuye al Poder Nacional “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y riquezas naturales del país”. Mal podrían considerarse bienes de los Estados aquellos cuyaconservación, fomento y aprovechamiento se asigna en forma explícita y expresa al Poder Nacional por la Constitución.
Asimismo, el numeral 26 atribuye al Poder Nacional “el régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura”. Resulta contradictorio que se atribuya por ley a los Estados la propiedadde bienes del dominio público –que estos podrían pasar al dominio privado- sobre los cuales el Poder Nacional tiene competencias constitucionales para establecer regímenes de navegación y de transporte fluvial y lacustre.
Además, el artículo 304 de la citada Constitución Bolivariana de la República de Venezuela dispone categóricamente que “todas las aguas son bienes de dominio público de laNación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio”.
Ante estas disposiciones claras y terminantes, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal debe ser considerado como un...
En primer lugar, dicho texto legal intenta inconstitucionalmente habilitar un procedimiento para que bienes inalienables del dominio público de la Nación sean considerados como bienes del dominio público de los Estados y a su vezpuedan ser convertidos en dominio privado de éstos. De tal manera, y enteramente de acuerdo con lo previsto en los acuerdos el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) podrían ser privatizados lagos, lagunas y ríos.
En segundo lugar, el texto examinado intenta arrebatar a los Estados sus potestades tributarias, atribuyéndole a algunos particulares la posibilidad de pactar mediantecontrato la estabilidad de sus regímenes tributarios con las Asambleas Legislativas estadales, en el espíritu de los hoy desechados Acuerdos Multilaterales de Inversión (AMI). Así, en abierto desafío al principio de igualdad ante la ley, ciertos ciudadanos quedarían inmunes a las reformas tributarias, y otros sujetos a ellas.
En tercer lugar, el texto examinado abre la posibilidad de unamultiplicación casi ilimitada de la carga tributaria sobre los residentes de los Estados, al tiempo que limita en forma drástica los ingresos del Fisco Nacional y por consiguiente sus posibilidades de redistribuir equitativamente el ingreso público a favor de los entes menos favorecidos y de realizar planes de alcance nacional en el ejercicio de sus competencias.
Pasamos al análisis pormenorizado del textolegal con la urgencia que el caso amerita, por lo cual sólo comentaremos aquellos artículos que merecen objeciones.
CAPÍTULO II BIENES ESTADALES
Privatización de ríos, lagos y lagunas
El artículo 6 en su numeral 2 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal incluye entre los bienes de dominio público de los Estados “Las vías terrestres estadales y los espacios acuáticos correspondientesa ríos, lagos y lagunas ubicados en su territorio, sin perjuicio de la autoridad y competencia nacional ejercida conforme a lo dispuesto en la legislación nacional sobre espacios acuáticos e insulares”.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece en ningún artículo que los ríos, lagos y lagunas, que forman parte del territorio, estén comprendidos entre los bienes dedominio público de los Estados. Por el contrario, el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución atribuye al Poder Nacional “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y riquezas naturales del país”. Mal podrían considerarse bienes de los Estados aquellos cuyaconservación, fomento y aprovechamiento se asigna en forma explícita y expresa al Poder Nacional por la Constitución.
Asimismo, el numeral 26 atribuye al Poder Nacional “el régimen de la navegación y del transporte aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y lacustre de carácter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura”. Resulta contradictorio que se atribuya por ley a los Estados la propiedadde bienes del dominio público –que estos podrían pasar al dominio privado- sobre los cuales el Poder Nacional tiene competencias constitucionales para establecer regímenes de navegación y de transporte fluvial y lacustre.
Además, el artículo 304 de la citada Constitución Bolivariana de la República de Venezuela dispone categóricamente que “todas las aguas son bienes de dominio público de laNación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio”.
Ante estas disposiciones claras y terminantes, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Estadal debe ser considerado como un...
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