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Furlotti Setien Hnos. S. A. C. Instituto Nacional de Vitivinicultura.
 
Buenos Aires, 23 de abril 23 de 1991.
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza de fs. 469/471 que _al confirmar al fallo de primera instancia de fs. 413/421_ dejó sin efecto la sanción administrativa impuesta a la actora, interpuso la demanda el recurso extraordinario de fs. 474/480,que fue concedido a fs. 490.
 
2°) Que para así decidir, el a quo sostuvo, entre otros argumentos, que el procedimiento que derivó en la citada sanción debía reputarse inválido toda vez que al dejar el Instituto Nac. De Vitivinicultura sin efecto, mediante la disp. num. 169.959 del 28/9/83, la núm. 169.917 de fecha 6/8/83, violó lo dispuesto en el art. 17 “in fine” de la ley 19.549 encontraposición al principio de estabilidad de los actos administrativos.
 
3°) Que contra esa decisión se agravia la recurrente. Destaca, entre otras consideraciones, que la sentencia dictada por el a quo (a la que tacha de arbitraria) omitió considerar la incidencia que en la resolución de la causa tendrían las disp. de la ley 14.878. Defiende, por su parte, la validez del acto impugnado destacando queal contestar la acción instaurada dejó planteado en subsidio (y para el supuesto de que se considerase necesaria la anulación judicial de la disp. núm 169.917) el pedido a fin de que se declarara judicialmente la nulidad de su propio acto.
4°) Que el recurso extraordinario interpuesto resulta formalmente procedente, toda vez que se encuentra en discusión el alcance de normas de naturalezafederal como las contenidas en las leyes 14.878 y 19.549 y el fallo definitivo del superior tribunal de la causa es contrario a las pretenciones que la recurrente sustenta en ellas.
5°) Que en lo que al caso interesa, la cuestión central debatida en el sub exámine gira alrededor de las facultades con que cuentan los órganos estatales (en el caso específico el Instituto nacional de Vitivinicultura),para dejar sin efecto sus actos irregulares y los alcances que cabe otorgar a la pretensión deducida subsidiariamente por éste al responder la acción entablada.
6°) Que a este respecto, el art. 17 de la ley 19.549 establece expresamente la obligación de la administración pública de revocar en sede administrativa sus actos irregulares, salvo que el acto se encontrara firme y consentido yhubiere generado derechos subjetivos que se esten cumpliendo, supuesto en el cual solo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.
7°) Que, por tanto, supuesta la irregularidad del acto por conllevar un vicio que determina su nulidad absoluta, resulta en principio legítima la actividad revocatoria de la propia administración, salvo queconcurra la excepción señalada en el considerando anterior. Esa facultad encuentra suficiente justificación en la necesidad de establecer sin dilaciones el imperio de la juridicidad, comprometida por la existencia de un acto afectado de nulidad absoluta y que por esa razón, carece de la estabilidad propia de los actos regulares y no puede generar válidamente derechos subjetivos de losparticulares frente al orden público interesado en la vigencia de la legalidad.
8°) Que desde esa óptica, el Instituto Nacional de Vitivinicultura no se encontraba habilitado para revocar en sede administrativa la disposición N° 169.917, como lo hizo mediante la resolución N° 169.959, en tanto de aquélla se habían derivado derechos subjetivos a favor de la actora. Debió a tal efecto, requerir el auxiliojudicial, mediante el proceso de lesividad a que se refieren los arts. 17 iy 26 de la ley 19.549.
9°) Que no obsta a ello la mención que efectúa el recurrente de la ley 14.878, toda vez que no surge de ésta ni indica válidamente el apelante en que disposiciones del citado cuerpo legal funda las razones por las cuales se impondría una solución diferente a la hasta aquí esbozada , aplicable...