garantias doble

EL DEBIDO PROCESO. LA GARANTÍA DE LA DOBLE
INSTANCIA EN MATERIA PENAL O EL DERECHO
CONSTITUCIONAL AL RECURSO. SITUACIÓN
EN ARGENTINA. MATERIAS PENDIENTES
Marta Susana MALDONADO
SUMARIO: I. Análisis de casos. II. Ley número 23.077 o Ley de Defensa de la Democracia. III. Apéndice legislativo. IV. Bibliografía.

Dos convenciones sobre derechos humanos, ratificadas por la República
Argentinaen 1984 e incorporadas con rango constitucional por la reforma
de 1994 (artículo 75, inciso 22, CN), modifican —entiendo que positivamente— la concepción del derecho al recurso en Argentina:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en adelante
CADH (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 8o., núm. 2,
h, dispone que una persona juzgada tiene en el procedimiento penal,
entreotros derechos, “ el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal
superior” . Y más concretamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14, núm. 5), establece. “ Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescripto por la ley” .Estas dos convenciones interpretadas conjuntamente, vienen a modificar en el área de los recursos contra la sentencia, la base político-criminal del concepto de recurso: a) el recurso se elabora como una garantía
procesal del condenado, que tiene derecho a que su sentencia sea revisada
por un tribunal superior; b) el recurso contra la sentencia ya no puede
ser concebido como una facultad de todoslos intervinientes en el procedimiento (que corresponde también a los acusadores, al Ministerio Público), motivo por el cual deberá perder su carácter bilateral, para trans325

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formarse en un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble conformidad con la condena, condición de la ejecución de una pena estatal.
Es decir, sólo la condena penal dictada porun tribunal de juicio es
recurrible y solo lo es por el condenado. Tanto la absolución como la
condena no recurrida a favor del imputado quedan firmes por su solo
pronunciamiento y cualquier persecución penal posterior debe ser considerada un bis in idem.
Conviene aclarar que ocurrida la reforma procesal penal de 1992 en
Argentina, se originó la discusión acerca del papel que debían cumplirel recurso de casación penal y la Cámara Nacional de Casación Penal,
órgano jurisdiccional creado con esa misma reforma básicamente para
conocer el recurso de casación, y la relación de éste con el resorte típico
de la CSJN, esto es, el recurso extraordinario. Como sabemos, la casación
penal revisa errores de derecho, para su procedencia el recurrente debe
cumplimentar requisitos formales queobstaculizan en la mayoría de los
casos su procedencia.
Con esta situación y estos interrogantes nos encontramos ante la reforma constitucional de 1994, ante la cual resulta ineglable la exigencia
del condenado a lograr un reexamen de la sentencia condenatoria, pero
¿cuál es el medio idóneo para satisfacer la exigencia de una doble conformidad judicial, si el condenado penalmente lo requiere?I. ANÁLISIS DE CASOS
1. Giroldi y Hatchondo
Horacio D. Giroldi y Raúl B. Hatchondo fueron condenados a la pena
de un mes de prisión en suspenso, por ser coautores del delito de tentativa de robo simple. Contra esta sentencia la defensora oficial interpuso
recurso de casación. Argumentó que la sentencia del Tribunal Oral violaba la garantía de defensa en juicio y del debido proceso, defectosque
consideró enmarcados en las previsiones del artículo 456 del CPPN, que
habilita la vía recursiva y sostuvo también que el límite establecido en
el artículo 459, inciso 2, del CPPN —que impide recurrir en casación
al imputado cuya condena, dictada por un Tribunal Oral en lo Criminal,
sea de tres años o menos de prisión— no es aplicable en situaciones en
las que se encuentran gravemente...