Genocidio

Capítulo 3 - Justicia

e imponer una serie de condiciones que tienden a fomentar prácticas como la tortura y los apremios ilegales. Entre otras cosas,se facultó a la policía a interrogar a un sospechoso en el lugar de su aprehensión requiriéndole las indicaciones e informaciones útiles a los fines de la inmediata prosecución de la investigación. En este contexto se extendió el plazo paramantener incomunicada a una persona por un lapso de doce horas y se facultó a los funcionarios para disponer, sin orden judicial, requisas sobre el cuerpo de las personas, sus ropas o las cosas que lleven consigo sin que existan circunstancias previas que justifiquen dichas medidas. Sin perjuicio de la jurisprudencia que venía avalando las confesiones espontáneas, hasta la sanción de la ley 12.405 laposibilidad de que la policía tomara declaración a un sospechoso se encontraba expresamente prohibida, pues precisamente se pretendía impedir legalmente situaciones que encubrían prácticas de torturas y apremios sobre las personas detenidas.Asimismo, la incomunicación se encontraba restringida ya que precisamente es en ese momento cuando se producen con mayor frecuencia los casos de tortura y/oapremios. El Poder Judicial de la provincia, en lugar de limitar el alcance de las reformar implementadas y evitar que se desarrollen prácticas violatorias de los derechos humanos, optó por mantener la jurisprudencia que en tiempos previos a la reforma convalidaba las confesiones espontáneas que ahora, además, se encuentran "legitimadas" legalmente.
3.5. La falta de investigación en los casos detortura

La impunidad de los delitos de tortura se debe, fundamentalmente, a las deficientes investigaciones que se llevan adelante en el ámbito provincial. De hecho, muchos casos de malos tratos no son denunciados porque las víctimas descreen que la investigación pueda llegar a tener consecuencias concretas y, además, por el riesgo de sufrir represalias por parte de los funcionarios policialesinvolucrados. Como regla, generalmente reconocida en el derecho internacional, se considera que cuando una persona que se encuentra bajo la custodia de las fuerzas de seguridad presenta lesiones a su integridad personal, el Estado debe proporcionar una explicación razonable para eximirse de responsabilidad.
126

Capítulo 3 - Justicia

El deber de investigar es una obligación de medio y node resultado. Ello implica que la responsabilidad del Estado depende de las características de la investigación y no del resultado alcanzado. En gran cantidad de casos las investigaciones no son independientes, imparciales, diligentes o completas como lo exigen los estándares internacionales. En ocasiones las causas son instruidas inicialmente por la propia policía, se realizan periciasdeficientes y las resoluciones suelen basarse únicamente en las declaraciones testimoniales de los presuntos involucrados. Estas deficiencias conllevan, necesariamente, la impunidad de prácticas que deberían ser investigadas seriamente con el fin de identificar y sancionar a los responsables. En noviembre de 2002, la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elaboró undocumento sobre "El tratamiento de la tortura ante el sistema penal de la Provincia de Buenos Aires". En este informe se presentó un análisis sobre las causas iniciadas y tramitadas en la provincia de Buenos Aires por apremios y torturas en el período 1998 - 2002 (primeros meses) sobre la base de un relevamiento realizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia respecto de 12departamentos judiciales (de un total de 18) y sobre un total de 3.013 causas cuyas carátulas refieren a los delitos torturas y apremios ilegales . Las conclusiones a las que se arribaron fueron las siguientes: - 1.062 causas se encontraban en trámite (en investigación preliminar) - en 1.921 causas se estimó que no había mérito para acusar (1.856 fueron archivadas; 54 fueron desestimadas; 3 fueron...