Geografía

Sentencia
AUTO
ANTECEDENTES
1. Con fecha 14 de febrero de 1984, el Procurador don Francisco Azorín Albiñana, en nombre y representación de don Hipólito Héctor Díaz Torres, formuló demanda de amparo invocando la vulneración de los arts. 24.1, 15 y 16.1 de la Constitución Española, contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 1983, recaído en el antejuiciopromovido para exigir responsabilidad criminal al Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ilustrísimo señor don Ildefonso García del Pozo, por los delitos de coacción, contra la libertad religiosa e imprudencia temeraria con resultado de muerte, posteriormente confirmado por el de la misma Sala, de 25 de enero de 1984, que resolvió el recurso desúplica interpuesto contra aquél. En síntesis, la demanda se basa en los siguientes hechos: a la esposa del actor se le sugirió por parte del médico que la atendía la conveniencia de una transfusión de sangre para resolver diversos problemas hemorrágicos derivados de un parto previo, y ante su negativa y reiterada oposición del esposo, en razón de sus creencias religiosas, al ser testigos de Jehová,se recabó del Juzgado de Guardia núm. 4 de los de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de Tenerife, la autorización para practicarla, que fue otorgada primeramente por Auto y luego por providencia, de 20 de enero de 1983.
Practicadas las transfusiones sanguíneas, la paciente murió cuatro días después, el 24 de enero. Promovido por el marido antejuicio para exigir responsabilidadcriminal del Magistrado-Juez titular de dicho Juzgado que autorizó la transfusión, la Sala Segunda del Tribunal Supremo declaró no haber lugar a la admisión de la querella, mediante el referido Auto, de 22 de diciembre de 1983, e interpuesto recurso de súplica, fue desestimado por el de 25 de enero de 1984. La pretensión de nulidad de dichas resoluciones judiciales y el reconocimiento de su derecho a laacción penal se fundamenta en la indefensión producida [art. 24.1 de la Constitución Española (C. E.)], al haber desorbitado la Sala Segunda del Tribunal Supremo la función del antejuicio, excluyendo la antijuridicidad en base a la concurrencia de circunstancias de justificación, en la vulneración del art. 15 de la C. E., al suponer la autorización para la transfusión un peligro para la vida,aproximándose a circunstancias de tortura moral, en la infracción del art. 16 de la C. E., al no tener en cuenta las convicciones religiosas de la hoy fallecida; rebatiendo, además, la argumentación de los Autos sobre la carencia de tipicidad penal de los hechos.
2. La Sección Segunda, por providencia de 14 de marzo de 1984, luego de tener por parte al Procurador en la representación que acreditaba,concedió un plazo común de diez días al mismo y al Ministerio Fiscal para que efectuaran las alegaciones que estimaran oportunas sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión del art. 50.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), por carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional.
3. El MinisterioFiscal, al evacuar dicho trámite por medio de escrito presentado el 27 de marzo de 1984, mantiene la legitimidad constitucional del antejuicio y que el Tribunal penal se ha ajustado a las exigencias que para ello derivan de la Sentencia de este Tribunal, de 13 de octubre de 1982, habiendo obtenido el promovente del amparo reiteradas resoluciones judiciales fundadas en Derecho que fueron respuesta alejercicio de su acción penal. Igualmente, negando la vulneración de los otros derechos fundamentales invocados, terminaba interesando la inadmisión del recurso en base al motivo puesto de manifiesto.
4. La parte actora, en su correspondiente escrito presentado, el 29 de marzo de 1984, rechaza que su demanda carezca de contenido constitucional, reiterando los argumentos en ella utilizados y la...