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situaciones de riesgo para la seguridad de personas y bienes tanto como para el libre ejercicio de actividades lícitas, pueden llegar a deteriorar gravemente la necesaria eficacia de lasinstituciones republicanas entre las que se cuentan en lugar preponderante los partidos políticos y las organizaciones sociales intermedias.

Para que la superación del grado de conflictividad sea efectiva,debe prevalecer en la opinión pública la sensación de que en líneas generales las autoridades y las demás dirigencias intermedias coinciiales sindicales o empresarias, porque el derecho de huelgagarantizado por la Constitución no puede menoscabar el ejercicio de las autoridades que la misma prevé bajo el régimen republicano y representativo.

Si en conexión con una huelga, aunque fuese ejecutadauna vez agotados los procedimientos previos de conciliación obligatoria, ocurriesen hechos ilícitos o delitos (cortes de rutas, ocupación de un establecimiento, amenazas, privaciones de la libertad,agresiones, daños intencionales, etc.) por denuncia de parte o de oficio se estaría en condiciones de iniciar las acciones civiles o penales que pudieran corresponder.

La protesta social, al igualque en el conflicto laboral, también puede (y debe) encauzarse sin afectar los derechos de los terceros ni incurrir en hechos delictivos.

El derecho de peticionar, no implica admitir la actitudsediciosa consistente en asumir una supuesta representación del pueblo, signo manifiesto de una patología política cuando pretende forzar decisiones de cualquiera de los poderes (ejecutivo, legislativo ojudicial).

En los recientes episodios en la provincia de Salta, además del corte de ruta que configura un delito en sí mismo, hubo privaciones de libertad, un homicidio, lesiones, daños en losbienes públicos y privados, saqueos en comercios y viviendas privadas y otros episodios de innegable gravedad, muy lamentables por cierto.

Ha sido precisamente la gravedad de estos episodios y otros...