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PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 14 de abril de 2010

Alegato No. 34

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO
Sección Primera
Sala de lo Contencioso Administrativo

Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso

Ref.:
Expediente No 110010324000 2007 00336 00
Actor
Diego Muñoz Tamayo y otros
Demandado:
Ministerio de la Protección Social
AcciónAcción de Nulidad

Procede esta Procuraduría Delegada a emitir alegato de conclusión en el asunto de la referencia, de conformidad con las facultades constitucionales y legales.


1. La demanda


Los ciudadanos Diego Muñoz Tamayo, Hugo Adolfo Hurtado Bejarano y Mary Elena Lares Colmenares, en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el artículo 84 del Código ContenciosoAdministrativo, presentaron demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad [y la suspensión provisional] de los decretos 574 de 2007 “Por el cual se definen y adoptan las condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas” y 1698 de 2007 “Por el cual se modifica el Decreto 574 de 2007 quedefine las condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas”, expedidos por el Presidente de la República, por encontrar que se han violado: (i) El artículo 84, así como los numerales 8, 19 y 21 del artículo 150 de la Constitución Política; (ii) la Ley 715 de 2001 y en especial el numeral 10 delartículo 42 de la Ley 715 de 2001; (iii) la Ley 100 de 1993 y en especial el artículo 180 de la Ley 100 de 1993; (iv) el artículo 39 de la Ley 812 de 2003 y (v) la Ley 1122 de 2007.

En el escrito de demanda, el demandante le endilga cinco (5) defectos a los actos administrativo, a saber:

Su expedición con violación de las normas de rango superior [constitucionales y legales] a las cuales hadebido sujetarse;

Su expedición irregular;

Su falsa motivación;

Su expedición con desviación de poder;

En desarrollo de dichos cargos, señala el demandante que los decretos enjuiciados son abiertamente contrarios al artículo 84 de la Constitución Política que prohíbe a las autoridades administrativas imponer condiciones o permisos adicionales para el ejercicio de actividadesreguladas.

Están falsamente motivados atendiendo que no se señalan las razones fácticas y técnicas que sustentan la decisión del Gobierno Nacional para establecer en un diez (10%) por ciento el factor de riesgo para el cálculo del margen de solvencia.

El funcionario que los ha expedido careció de competencia para ello, toda vez que, en opinión de los actores, “[…] fueron dictados por fuera de lahabilitación legal contenida en el numeral 10 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, y del artículo 180 de la Ley 100 de 1993 […]”

En concepto del demandante, esos actos administrativos establecen obligaciones para las EPS, ARS y EOC que la propia Ley 100 de 1993 no ha establecido, lo que amenaza la viabilidad económica de estas entidades y del propio Sistema General de Seguridad Social.Violan el mandato del artículo 39 de la Ley 812 de 2003, en tanto que no se evidencian los criterios de entorno ambiental, accesibilidad, oportunidad y calidad en la prestación de los servicios a los usuarios, ni las condiciones técnicas, administrativas y financieras que garanticen la adecuada prestación de los servicios y la administración del riesgo en salud.

Transgreden el principio de reservalegal toda vez que los decretos acusados introducen disposiciones cuya adopción solo le incumbe a Legislador, tales como el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud en relación con la verificación de los márgenes de solvencia, el sistema de indicadores de alerta temprana, el establecimiento de categorías de riesgo y la...