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Los paramilitares en el Gobierno Uribe

Durante la administración de Álvaro Uribe, quien gobernó en dos periodos entre 2002 y 2010, el mayor proceso fue realizado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este proceso fue enmarcado en las conversaciones de Ralito, Córdoba, y logró la desmovilización de varias estructuras paramilitares.

Sin embargo, el proceso ha recibido permanentescuestionamientos desde diversos estamentos nacionales e internacionales por temas de impunidad, porque poco se informó a la opinión pública sobre lo acordado, y porque muchas estructuras de esas organizaciones no se desmovilizaron o volvieron a delinquir.
Aun antes de estallar el nuevo escándalo político
a fi nales de 2006 sobre la infi ltración paramilitar en el Congreso de Colombia y, como sedetalló en publicaciones anteriores,3
las conversaciones de paz del gobierno de Uribe con las
AUC permanecían atrapadas en la controversia.
En julio de 2005, y después de un largo debate
interno e internacional, el Congreso de Colombia había aprobado la Ley de Justicia y Paz para
servir de marco para la desmovilización de los
paramilitares. Casi un año después, sin embargo,
surgieronnuevas tensiones sobre la interpretación de la ley. Estaba en cuestión el fallo de mayo
de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia, la institución encargada de garantizar que las
leyes y decretos ejecutivos del país sean consistentes con las garantías constitucionales
De 2002 al 2009
El fracaso de la administración Pastrana y de las FARC en el proceso de paz tiene como consecuencia quese cierra el ciclo de búsqueda de soluciones negociadas y se abre de nuevo la puerta, luego de 25 años, a una solución militar al conflicto armado. “En mayo de 2002 Álvaro Uribe Vélez fue electo presidente por una población exhausta por una interminable violencia y desilusionada con un proceso de paz que no logró nada”(Livingstone, 2003: 93). Le había ofrecido al electorado una ‘política deseguridad democrática’, que significaba un claro rompimiento con la política de solución negociada y un reforzamiento de las fuerzas armadas en la estrategia para hacer frente a la guerrilla. El Presidente ha promovido una posición que considera que es posible una victoria militar sobre los grupos guerrilleros, y de ahí el énfasis en la estrategia militar. Esta ‘línea dura’ ha recibido el respaldo de lapoblación, como se ha visto en las encuestas de opinión pública. En este contexto de polarización hay menos espacio para las iniciativas de paz. De hecho, el Presidente repetidamente ha chocado con las ONG, especialmente con aquellas trabajando en derechos humanos, acusándolas de prestar apoyo a los ‘grupos terroristas’. Algunas organizaciones por la paz fueron allanadas por los militares sinorden judicial y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) rastreó ilegalmente a opositores del gobierno (miembros de la Corte Suprema de Justicia, políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas críticos del gobierno).
No obstante ello, Uribe Vélez no cerró del todo la puerta para una negociación con los grupos armados, aunque considera que solo es posible desde unaposición de fuerza. Ahora bien, el asunto complicado en este punto es el ‘proceso de paz’ que su gobierno impulsó con los grupos paramilitares, el cual ha generado muchos cuestionamientos y críticas.“Pero aún hay más preguntas que respuestas, las cuales se refieren al alcance del desarme de los paramilitares, su papel en el narcotráfico, y su posible conversión en “soldados campesinos” tras ladesmovilización. También hay cuestiones más profundas sobre la verdad, justicia y reparación por las atrocidades cometidas, al igual que el grado de responsabilidad del Estado en la creación y desarrollo del paramilitarismo (García-Peña, 2004: 66). La desmovilización de alrededor de 32.000 paramilitares no significó el desmonte de las estructuras paramilitares, las cuales han seguido operando, como...