Guatemala

El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en Guatemala que se inició el 16 de abril de 2015 cuando la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) involucró a varios altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el capitán retirado Juan Carlos Monzón (secretario privado de la vicepresidencia) y directores de la SAT(Superintendencia deAdministración Tributaria) en una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano.1 Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl (Corea del Sur) acompañando por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti —a quien le fue conferido un doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social―. Cuando se enteró de los cargos contra él, Monzón emprendióla fuga; otros involucrados fueron capturados enGuatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling,2 aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar dicha medida y los regresó a prisión, junto con la jueza Sierra de Stalling.
El 20 de mayo de 2015, la CICIG y elMinisterio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructuraadecuada para el tratamiento y el IGSS había tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque había decenas de pacientes con peritonitis y más de diez fallecidos. A este caso siguió otro, conocido como el Caso Redes, que involucró al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figurasde Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente solicitó al SecretarioGeneral de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la presión sobre el Gobierno no se aplacó porque ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fiscoguatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos políticos del país. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la población esté por debajo de la línea de pobreza y existan problemas agudos como ignorancia, racismo, machismo, corrupción, violenciadesbocada, y sobre todo impunidad3 que tengan a la población a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.3 Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una luchafrontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015,4 aunque muchos consideran que existe...