Guerras

martes 18 de septiembre de 2007
A PROPÓSITO DEL DESPIDO DE TRABAJADORES COMPRENDIDOS DENTRO DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA LEY Nº 24041
La Tercera Columna
A PROPÓSITO DEL DESPIDO DE TRABAJADORES COMPRENDIDOS DENTRO DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA LEY Nº 24041 Y LA SENTENCIA EMITIDA EN EL PROCESO N°2007-0405-0-1001-JR-CI-3.

Begonia del Rocío Velásquez Cuentas.

Con motivo del cambio degestión municipal en los diversos municipios de nuestro medio, los juzgados civiles fuimos receptores de un gran número de demandas formuladas por trabajadores que habían sido separados de sus cargos como consecuencia de dicha coyuntura, quienes recurrían al órgano jurisdiccional buscando tutela jurisdiccional efectiva para el reestablecimiento de su derecho.

Frente a esta realidad, se identificóque la mayor parte de los trabajadores en referencia fueron contratados de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 276, quienes invocaron encontrarse bajo el ámbito de aplicación de la Ley Nº 24041, al haber sido contratados por un plazo mayor a un año y encontrarse además realizando labores de carácter permanente; en tal sentido, en aplicación del precedente vinculante contenido en la sentencia delTribunal Constitucional en el Expediente Nº 0206-2005-AA/TC (Caso Baylón Flores), las demandas fueron formuladas por los mecanismos del proceso contencioso administrativo (Ley Nº 27584), al haber sido considerada como una vía procesal igualmente satisfactoria para la protección de los derechos constitucionales cuya vulneración fue alegada concordante con los derechos protegidos en la Ley Nº 24041El problema se generó al momento de calificar las pretensiones contenidas en las demandas, ya que en éstas se invocaron indistintamente todas las previstas en el artículo 5º de la Ley 27584, sin identificar la actuación impugnable establecida en el artículo 4º de la misma ley.

Si bien es cierto, que al admitir las demandas a trámite tales pretensiones han sido admitidas en la forma demandada oadecuadas a otras pretensiones previstas en la norma, no es menos cierto, que al momento de emitir la presente sentencia – que es la primera que se emite con relación a este grupo de demandas –, se ha precisado tanto la actuación impugnable prevista en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo que corresponde a dichas pretensiones, como también se ha establecido cuál es la pretensión que enrealidad corresponde aplicar a dichos procesos; razón en la que considero radica la importancia de su publicación.

Esta decisión no es ajena al proceso contencioso administrativo ni a las facultades del juzgador, en tanto, en estricta aplicación del principio iura novit curia, no puede entenderse con una lógica restrictiva la determinación inicial de la pretensión demandada, por cuanto elartículo 38º de la Ley 27584, afortunadamente permite que si lo que está en juego es el restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica, aún cuando no haya sido pretendida o planteada en la demanda, el juzgador puede ordenarlo.

Esta facultad además la otorga al juzgador la naturaleza del proceso contencioso administrativo como proceso contencioso subjetivo o de plena jurisdicción – adoptadopor la legislación vigente – por el cual el “análisis jurisdiccional no se circunscribe a determinar si la Administración actuó conforme a derecho o no, sino si en su quehacer respeta los derechos fundamentales de los administrados”[1], es decir, el objeto del proceso contencioso administrativo es finalmente procurar una cabal tutela para los derechos fundamentales de los administrados.

Es enese sentido, que –según lo señala el Profesor Espinosa Saldaña- “en el Derecho Comparado se suele permitir al juzgador en este tipo de procesos emitir una sentencia que no se ciña exactamente a lo formalmente pretendido por las partes, admitiendo una lectura más flexible del principio de congruencia procesal que aquella que, por ejemplo, podemos encontrar en un proceso civil”[2].

Es en...