HECHOS baena

HECHOS.
El 26 de febrero de 1974 se emitió el Decreto-Ley Nº 20530 titulado
“Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos en el Decreto-Ley 19990”. Las presuntas víctimas trabajaron en la SBS y cesaron después de haber prestado más de 20 años de servicios en la Administración Pública. Los cinco pensionistas empezaron a trabajar en laAdministración Pública entre 1940 y 1964, y cesaron de trabajar en la SBS entre 1975 y 1990.
Según lo establece la ley orgánica de la SBS emitida en 1981, dicha entidad “es una
Institución Pública con personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, administrativa y económica”. El personal de la SBS se encontraba dentro de un régimen laboral de la actividad pública, hasta que en esta leyorgánica de 1981 se dispuso que su personal “se encontraría comprendido en el régimen laboral correspondiente a la actividad privada, salvo el caso de los trabajadores comprendidos en el régimen de la Ley Nº 11377 y en el de pensiones establecido por el Decreto Ley20530, los que, a su elección, podían continuar en dicho régimen”. Las presuntas víctimas eligieron continuar con el régimen delDecreto-Ley Nº 20530.
Conforme al referido decreto-ley y sus normas conexas y complementarias, el Estado reconoció a las presuntas víctimas el derecho a una pensión de cesantía nivelable, progresivamente, de conformidad con la remuneración “de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías”, que ocuparan el mismo puesto o función análoga al que desempeñaban los pensionistas al momento enque cesaron de trabajar para la SBS. Las nivelaciones de las pensiones de las presuntas víctimas se efectuaron de manera sucesiva y periódica, “cada vez que se producía un incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores y funcionarios activos de la Superintendencia de Banca y Seguros”, desde el momento del cese de cada uno de los cinco pensionistas hasta que en abril de 1992 laSBS suspendió el pago de la pensión del señor Reymert Bartra Vásquez y, en septiembre de ese mismo año, redujo el monto de la pensión de 40 los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández y Maximiliano Gamarra Ferreira, en aproximadamente un 78%, sin previo aviso ni explicación alguna. El 14 de octubre de 1992.
se promulgó el Decreto- Ley Nº 25792, elcual “Autoriza a la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS- a establecer un Programa de Incentivos para la renuncia voluntaria de sus trabajadores” y, de conformidad con el artículo 5, se transfirió al Pliego Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas la recaudación de las aportaciones y la atención de las pensiones, remuneraciones o similares que correspondería pagar a la Superintendenciade Banca y Seguros a sus pensionistas, jubilados y cesantes comprendidos en el régimen del Decreto Ley No. 20530”. Asimismo, se estipuló que dichas pensiones, remuneraciones o similares tendrían como referencia, inclusive para su homologación, las que dicho Ministerio paga a sus trabajadores y funcionarios, conforme al Decreto Legislativo No. 276” y se agregó que en ningún caso se homologarán oreferirán a las remuneraciones que pague la Superintendencia de Banca y Seguros al personal sujeto a la actividad privada”.
El 18 de marzo de 2002 la SBS pagó a los cinco pensionistas las cantidades determinadas en las mencionadas resoluciones, correspondientes a los reintegros delos montos de las pensiones nivelables dejados de percibir desde noviembre de 1992hasta febrero de 2002, lo cual noincluía el pago de intereses. En marzo de 2002 las pensiones niveladas fueron restablecidas y, a partir de abril de 2002, los señores Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y la viuda de Maximiliano Gamarra Ferreira han recibido periódicamente el pago nivelado de sus pensiones. Tres de las presuntas víctimas interpusieron acciones...