heuristica

Salas Garduño Ana Michel
B-82



























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La función constitucional de la regulación económica

Líneas generales
El enunciado de numerosos preceptos constitucionales tiene una necesaria repercusión económica. Las prestaciones sociales a que el Estado se encuentra obligado implican la disposición de recursoscuantiosos. Esta responsabilidad tuvo, a su vez, repercusiones en la estructura y en el funcionamiento del aparato gubernamental. El crecimiento desmesu­rado de la burocracia, el clientelismo político, la corrupción administrativa, el despilfarro de los recursos públicos, son algunos de los aspectos negativos de la carga de obligaciones prestacionales que incumbían a los órganos gubernamentales. Además,para hacer frente a esas demandas se recurría, con frecuencia, al endeudamiento
La regulación económica tenía dos vertientes: las facultades reguladoras que el orde­namiento jurídico atribuía a los órganos del poder, en relación con la actividad económica de los particulares y la intervención directa de esos órganos en la vida productiva, a través de la gestión de empresas, del sistema de subsidiosy de la concesión de créditos. Esta in­tervención alcanzó su punto máximo con la estatización de la banca, en 1982, mediante una adición al artículo 28 constitucional. La decisión produjo un efecto adverso de con­siderable magnitud y fue derogada en 1990. Entre tanto, el Estado fue desmantelando progresivamente una parte importante de las instituciones que le daban una participación voluminosa enla vida económica, y se hizo necesario adoptar lo que, coloquialmente, se denominó “capítulo económico” de la Constitución, integrado por tres preceptos que fue­ron reformados en 1983: los artículos 25, 26 y 28.

Con el propósito de esta­blecer mecanismos de control sobre los funcionarios, de manera paralela a los preceptos de orden económico fueron reformados el título cuarto de laConstitución, en materia de responsabilidades, y el artículo 134, para depurar el manejo de los recursos económicos de que disponen las autoridades federales.



Rectoría del Estado
El primer instrumento regulador de la economía que la Constitución ofreció al gobierno fue el artículo 131. El párrafo inicial de ese precepto corresponde a una inteligente redacción dictada por José Yves Limantour, eincorporada a la anterior Constitución en 1896. En su versión original de 1857, ese precepto ordenaba la abolición de las alcabalas y aduanas interiores en el país a partir del 1º de junio de 1858. Sucesivas reformas fueron aplazando ese objetivo, en clara contravención de los propósitos originales, acentuando la imagen de debilidad institucional del Estado mexicano. Para revertir la situación, en 1891 serealizó la Conferencia de Economistas, y con los elementos allí planteados el ministro de hacienda de Porfirio Díaz elaboró el texto, que sigue en vigor, complementado por un segundo pá­rrafo que fue adicionado en 1950, redactado a su vez por el ministro de economía Antonio Martínez Báez: un experimentado constitucionalista.
La virtud de esa reforma fue que cada lector podía entender lo quemejor se acomo­dara a sus propias percepciones y convicciones. Desde una perspectiva de izquierda, era un avance modesto, pero avance al fin; desde una perspectiva administrativa, facilitaba un cierto orden en el gasto, y desde una perspectiva empresarial era un elemento de certi­dumbre que resultaba satisfactorio.
Los intentos para establecer mecanismos de planificación en México vienen de muyatrás. En 1928 se dispuso por ley la integración de un Consejo Nacional Económico, sus­tituido en 1930 por la Comisión Nacional de Planeación, también de corta vida. Sucesivos esfuerzos se fueron acumulando, hasta culminar en la reforma del año 1983. No podía pasar inadvertido el hecho de que las acciones de planificación eran puestas, constitu­cionalmente, en manos del presidente de la República, y...