historia

Cine Callao (1960)
22 de junio de 1960

Fallos 247:121

REGULACION ECONOMICA - PODER DE POLICIA DE FOMENTO - IGUALDAD

Una ley nacional había impuesto la realización obligatoria y simultánea de espectáculos “en vivo” en la sala cinematográfica, en lo que el legislador había instituido como “un sistema especial destinado a promover la ocupación en lo concerniente a los trabajadores delespectáculo público". La actora planteaba que así se le estaba imponiendo una “obligación de contratar” en condiciones violatorias de la libertad de comerciar, además de la carga que se le imponía al demandarle la realización de gastos e inversiones no susceptibles de amortización ni rédito.

El dictamen del Procurador Sebastián Soler entendió que esa exigencia era inconstitucional, en tanto habíaconsagrado para una categoría de personas un verdadero privilegio cuya repercusión económica incide perjudicialmente sobre otra. La misma línea argumental es seguida por la disidencia de Boffi Boggero (observando que “El Estado, en vez de resolver el problema con recursos propios, hace recaer la solución en una categoría de particulares, afectando esencialmente los derechos con que la Constituciónlos protege”).

Sin embargo, la Corte entendió que la ley era constitucional. Observó que la obligación tenía un alcance muy limitado, en condiciones que hacían amortizable la inversión, de manera que la carga impuesta a los empresarios era de una índole tal “que no suprime ni altera el derecho a ejercer su comercio específico en la sala destinada a ese efecto”.

La mayoría recordó además laevolución de la jurisprudencia sobre las facultades reglamentarias, comenzando por la circunscripta concepción del poder de policía expuesta en “Saladeristas” (el Estado sólo podía intervenir para proteger la seguridad, la moralidad y la salubridad pública), y abandonada luego para acoger la tesis amplia y plena, comprensiva de “la defensa y promoción de los intereses económicos de lacolectividad”. Sobre esa base, entendió, la ley impuesta era merecedora de la presunción de constitucionalidad.


Opinión del Procurador General de la Nación.

La ley 14.226, declara obligatoria la inclusión de espectáculo de variedades en los programas de las salas cinematográficas de todo el territorio de la Nación.
El recurrente impugna la constitucionalidad de la ley, sosteniendo que la misma vulneralas garantías que la Carta Fundamental acuerda a la libertad de comercio y al derecho de propiedad. El sistema estatuido le ocasiona agravios considerables en cuanto le impone una especialidad comercial a la que no está dedicado y le exige cuantiosas inversiones destinadas a adecuar la sala a espectáculos cuyo ofrecimiento no es propio de su actividad empresaria. Se ve obligado además a realizarlos gastos que supone la contratación de artistas, y todo ello se ve agravado por la circunstancia de que no le es dable recuperar tales inversiones por la prohibición, emergente de una resolución ministerial, de trasladar el costo del número vivo al precio de las entradas.
La sola enunciación del problema contiene en sí la respuesta. La ley 14.226 es inconstitucional, y el sostenimiento de estatesis no puede tropezar con otra dificultad que la que resulta de demostrar la evidencia.
El derecho de trabajar, de ejercer libremente el comercio o toda industria lícita, no está subordinado a otro requisito que al de la licitud. En Fallos, t. 98, p. 52, V. E. decía (consid. 3°) que el criterio constitucional para resolver si una industria es lícita no puede ser sino el de que ella no seacontraria al orden y a la moral pública o perjudique a un tercero, y que de este principio fundamental es corolario lógico (consid. 4°) el de que la autoridad no puede imponer determinados negocios por reputarlos de conveniencia pública, pues la reglamentación a que se refiere el art. 14 no puede tener otro objeto que facilitar el ejercicio de los derechos y coordinarlos con otros.
La razón de ser...