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La inscripción del matrimonio canónico
Por JOSÉ JURADO SALDAÑA
Juez Municipal

No data de ahora la censura que se hace a nuestra legislación civil por inmiscuir a los Jueces municipales en el matrimonio canónico.
Si bien es cierto que el matrimonio canónico se rige exclusivamente por la legislación canónica y que ninguna intervención tienen en él
los Jueces municipales, el Código Civilreguló las cosas de tal modo que
parecía supeditar la celebración del matrimonio canónico a la preceptiva autorización del Juez municipal.
Y, a tal efecto, se estableció la necesidad de poner el proyectado enaee en conocimiento del Juez municipal y se prohibió al Sacerdote celebrar el matrimonio sin la presentación del recibo del aviso.
Y, no contento con ello, colocó ai Sacerdote en una pocoenvidiable
Postura ante el Juez municipal, pues era suficiente un simple retraso
ue aquél para que se le impusiera una multa.
Bastaba, pues, la concurrencia de un Sacerdote puntilloso o de un
Juez poco prudente para que, mezclándose lo humano con lo divino,
surgieran una serie de enojosas interferencias de las que el propio Có"'go Civil era único causante...
Haciéndose eco de tales reproches,ciertamente merecidos por el
^odigo Civil, el excelentísimo señor don Antolín López Peláez, Obispo
^ Jaca, recogiendo los ecos de un amplio sector de la opinión pública
gañola, decía en el Senado en 1908 que «lo mejor para evitar conflictos y cortar abusos, fuera modificar el Código Civil con la supresión
jf la asistencia del Juez al Sacramento del Matrimonio, lo cual el puelo
ve mal y loconsidera casi como un sacrilegio, juzgando que envuel6
también un desprecio a la Iglesia y, sobre todo, porque ese proceder
e
vela que no hay confianza en lo que el Párroco ha de ejecutar»,
j.. ,Y, con motivo de una petición hecha al Ministro de Gracia y Jus*ia a propósito de los actos de consentimiento para el matrimonio, el
j SQl° ilustre Prelado decía: «Los únicos que perderían algo serían los.l^ces municipales; pero, ¡ah!, a esos, a los funcionarios civiles, quiyo tenerlos siempre alejados, muy alejados, de la celebración del
Sacramento del Matrimonio».
.NUM.

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A las afirmaciones del Obispo de Jaca, aunque duras, no se les puede hacer objeción de ninguna clase.
La tibia confesionalidad de la Constitución de 1869 y el mal encubierto anticlericalismo de los Gobiernos que, asu sombra, rigieron
los destinos de España, hicieron posible que tales cosas ocurrieran y
que los reseñados preceptos pasaran al Código.
Los principios católicos que inspiran el Nuevo Estado, inconciliables con el mantenimiento de una situación de opresión para la Iglesia,
máxime en cuestiones cuya regulación compete exclusivamente a la
propia Iglesia, plasmaron en el Concordato con la SantaSede de 1953,
Consecuente con él, el Código Civil excluyó de su contenido aquellos
preceptos vejatorios para la Iglesia como los relativos a la multa al
Sacerdote que se retrasase para la celebración de la ceremonia y a la
imposibilidad de celebrarlo sin que se justificara haber avisado previamente al Juez.
Lamentable es que no se haya aprovechado la actual armonía entre
las relaciones deIglesia y Estado y se haya desperdiciado la propicia
ocasión que el Concordato brindaba para haber eliminado, no ya la injerencia de los Jueces en la celebración del matrimonio—injerencia
inexistente e imposible—, sino la apariencia de esa posible injerencia,
Porque, aunque en el Concordato se hace la pretenciosa afirmación
de que en ningún caso la presencia del funcionario del Estado en lacelebración del matrimonio canónico «será considerada» condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles, la verdad es
para el vulgo—y no puede olvidarse la escasa ilustración de gran masa
de españoles—, si no hay inscripción de matrimonio en el Registro Ci
vil, de nada ha servido la ceremonia de la Iglesia, y, si el Juez o su delegado no asisten a la ceremonia, el matrimonio no...