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Estos satélites están situados a una altura de 780 kilómetros en órbitas polares circulares, dispuestos en seis collares norte-sur —con un satélite cada 32 grados de latitud— que cubren la Tierra y viajan a 28.000 km/h para servir a la telefonía móvil a lo largo y ancho del planeta, sin discontinuidades.
Como es lógico, el hecho científico de la presencia de los satélites de comunicaciones tuvoinmediata repercusión jurídica. Siempre ocurrió eso con los adelantos de la ciencia. Cuando ella abrió nuevos campos a la actividad humana, la normativa jurídica debió surgir y estar presente para regularlos.

Lo cual explica la preocupación de los juristas.
La primera gran discusión que se abrió fue respecto de la naturaleza de ese segmento espacial, colocado en un radio de 42.164,17kilómetros del centro de la Tierra y a 35.786,55 kilómetros desde la superficie ecuatorial. ¿Es un fenómeno natural o artificial? Si se estimare que la órbita geoestacionaria es un producto de fuerzas cósmicas, debería ser considerada como un recurso natural perteneciente a los Estados ecuatoriales subyacentes.
Unos tratadistas afirman que la órbita cobra significación económica y se convierte en unrecurso explotable por quienes operan las fuerzas tecnológicas capaces de situar allí a los satélites. Otros tratadistas, en cambio, afirman que la órbita es un fenómeno natural que no debe su existencia al instrumento que la utiliza y explota sino a los factores de gravitación de la Tierra y de atracción del Sol y la Luna, por lo que ella es un recurso natural que debe pertenecer a los paísesecuatoriales subyacentes.
El primer país en plantear esta última tesis fue Colombia, por medio de su delegado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 1975, quien reivindicó por vez primera los derechos de los países ecuatoriales sobre sus respectivos segmentos de la órbita geoestacionaria, como partes de la tercera dimensión de su soberanía.
Le siguió un año después el Ecuador que,en la Asamblea General de la Organización Mundial, manifestó que “ha llegado el momento de emprender una nueva reivindicación inherente a la soberanía de los Estados en cuanto a un nuevo recurso natural de reciente exploración y vasto potencial de nuestro planeta: el de la órbita geoestacionaria”.
Estos planteamientos recibieron la inmediata impugnación de los Estados Unidos, cuyo Embajador enBogotá se dirigió al Canciller de Colombia el 21 de octubre de 1976 para puntualizar que la formulación no era viable porque la libre utilización del espacio cósmico con fines pacíficos estaba garantizada para todos los países por el Tratado del Espacio de 1967 y que además las regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) prohibían todo intento de monopolizar el uso de laórbita geoestacionaria.
La controversia surgió entre las potencias espaciales (integrantes del llamado “club del espacio”), que son las únicas que poseen la capacidad tecnológica y financiera para colocar satélites geoestacionarios en órbita, y los diez países ecuatoriales, principalmente, que reivindican potestades de soberanía sobre los correspondientes segmentos de la órbita geoestacionaria. Deestos diez países, solamente Indonesia posee un sistema satelital propio, denominado Palapa I y II.
A falta de una delimitación de validez común, los Estados desarrollados establecieron una norma consuetudinaria de Derecho Internacional según la cual el límite superior del espacio aéreo de los Estados está dado hasta entre 100 y 110 kilómetros sobre la superficie terrestre. Todo lo que está encima deese límite (órbita geoestacionaria situada a 35.786,55 kilómetros) es el espacio sideral, considerado como bien común de la humanidad para fines pacíficos.
En torno al tema se efectuó en Bogotá la primera reunión de países ecuatoriales el 3 de diciembre de 1976. Acudieron los representantes de Brasil, Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire. Faltaron dos de los diez países...