hola

A favor
Ya planteó el tema hace un año el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, reclamando para sus arcas municipales, acosadas por deudas y déficit, una compensación del Estado por los tributos que no satisface al Ayuntamiento la confesión católica, entre otras instituciones. Según Ruiz-Gallardón, el Ayuntamiento de Madrid ingresaría 94 millones anuales máscada año. Serían en toda España entre 2.000 y 2.500 millones, según los expertos.
“¡IBI todos o ninguno!”, clama una decena de organizaciones reunidas en Gijón, entre ellas Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida. Van a hacerse notar en Asturias durante la próxima campaña electoral e inician su camino con una carta al presidente del Gobierno. Dicen: “Los acuerdos entre el Estadoespañol y la Santa Sede establecen una exención total y permanente de la contribución de los inmuebles de la Iglesia católica, aunque esta institución privada sea el mayor propietario de esos bienes. Esto supone que el Estado deja de ingresar más de 3.000 millones cada año. En la actual situación de crisis económica y social consideramos una total falta de respeto, e incluso una burla, que se aumente alos ciudadanos el impuesto de la contribución urbana, y que el mayor propietario no pague. Exigir a unos los tributos y eximir a otros de su pago, máxime cuando estos otros son poseedores de la mayor cantidad de bienes, es establecer privilegios y discriminaciones intolerables. Elevamos la más enérgica protesta”.
En contra
Los beneficios fiscales de la Iglesia Católica constituida enasociaciones sin ánimo de lucro y declaradas de utilidad pública, en el desarrollo común de sus actividades, se acogen más en la práctica a la Ley 49/2002 de Entidades sin ánimo de lucro, que propiamente a la aplicación de los Acuerdos económicos con la Santa Sede.
Es criterio general establecido para las asociaciones declaradas de utilidad pública que no tributen o lo hagan al 10% respecto de las rentasque obtengan y no se justifiquen en relación con las actividades protegidas, por contribuir en última instancia a la realización de intereses generales.
El debate actual se centra falazmente en la defensa o ataque de lo que muchos llaman privilegios de la Iglesia católica, cuando más bien se trata de beneficios otorgados en su condición de institución declarada de utilidad pública, al igual que laCruz Roja, las fundaciones benéfico-sociales y las ONG´s, que tampoco pagan el IBI (artículo 15º de la Ley 49/2002).
Son cerca de 14.000 millones de euros lo que la Iglesia ahorra al Estado en la prestación de los servicios y atenciones que corresponderían desarrollar a las Administraciones públicas. Que existe utilidad pública en las actividades de la Iglesia es algo tan evidente que no admitediscusión.
Por eso, hablaba de que lo que hay detrás de este debate agresivo con la Iglesia es un deseo desamortizador y de ningunear a la Santa Sede como sujeto de Derecho Internacional. Es decir, lo que hay es una intención de considerar en manos muertas todos los bienes materiales y espirituales de la Iglesia católica, y por tanto considerar su desamortización, que es lo que viene después, conla intención de anular el fenómeno religioso en la sociedad y expropiar sus recursos materiales y espirituales para ponerlos al servicio del proyecto del Estado, sin indemnización, sin respeto alguno por la verdad aplastante de la contribución enorme que a la Sociedad española realiza la religión cristiana y la Iglesia católica con sus numerosas asociaciones.
La Iglesia católica por tanto deberáen el futuro orientar sus relaciones con el Estado en materia económica en la línea de defender exclusivamente la igualdad de trato en relación con todas las entidades sin ánimo de lucro no confesionales, porque existirá con el tiempo una convergencia hacia el Estado laico constitucional. De hecho, en la práctica ya está operando, en este caso a través del reconocimiento asociativo y no...