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Durante décadas la política social del Estado venezolano siguió un programa de inversión en capital humano y de intervenciones en lo económico (en el mercado laboral, control de salarios y subsidiosindirectos al consumo) que a la postre convirtió al sector social en un área que absorbía recursos sin evaluar el impacto de sus acciones y que más bien atendía las demandas de los grupos articuladospolíticamente. A consecuencia de la crisis de la década de los 80, cuando los cambios en las condiciones económicas debilitan la continuidad de las políticas con fines distributivos, queda enevidencia el bajo impacto de las políticas sociales dirigidas al fortalecimiento del capital humano para mejorar la pobreza creciente en el país. La ausencia de objetivos y criterios distributivos, loslímites al principio monopolista del Estado, las ineficiencias derivadas del principio de universalización, así como los problemas de orden institucional en el sector social se tradujeron en un deterioro dela calidad de los servicios soEn la década de los 90, junto con los programas de ajuste macroeconómicos comienzan a instrumentarse un conjunto de programas sociales como estrategia complementaria deatención a los problemas y déficits de la política tradicional en este sector, orientados a poblaciones específicas, a través de instituciones especiales, con una mayor participación de la sociedadcivil, de las comunidades y de los gobiernos regionales y locales. Esta experiencia se inicia con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP) durante 1989 y 1993, y posteriormente con el denominadoPlan de Solidaridad Social y el componente social de la Agenda Venezuela, durante los años 1994 y 1998.

A partir de 1999, con el comienzo del actual gobierno, el país es escenario de una serie decambios en la esfera político-institucional. Se inicia el proceso constituyente que terminó con la aprobación de una nueva Carta Magna. En este nuevo marco jurídico se amplían en su alcance y se...